GUERRA PERDIDA

Reforma, 5 de mayo de 2007

El costo del narco
Rafael Ruiz Harrell


Es dolorosamente claro que la lucha contra el narco, o para ser más preciso, la lucha contra el crimen organizado, está perdida sin remedio. El perdedor no sólo es el gobierno mexicano, sino los gobiernos de todos los países del mundo. La razón es evidente y la misma en todos los casos: quizá pueda ganarse una batalla con valor y arrojo, pero las guerras se ganan con dinero y el crimen organizado pude dedicar más recursos a prosperar y permanecer vivo que los gobiernos del planeta a combatirlo. Reitero algunas cifras que di en este espacio el pasado 13 de enero: hace cinco años el crimen organizado a nivel mundial ganaba año con año una cantidad superior al producto interno bruto conjunto de Inglaterra y Francia; representaba el 80 por ciento del de Japón y el 40 por ciento del de Estados Unidos. Hoy estas proporciones deben haber aumentado porque el crimen organizado ha crecido más que la economía mundial.

La posibilidad que tiene México de perder no es mayor que la de otros países, como EU o Brasil, pero es más lo que tiene que perder porque, proporcionalmente, ha invertido más en esta guerra. La inversión decisiva la hizo Felipe Calderón pocos días antes de rendir su protesta y fue política. Decidió entonces que la lucha contra el narco tendría como eje central al Ejército Mexicano y la PGR pasaría a ocupar un lugar secundario. Varios factores influyeron en tan errónea decisión, pero sin duda el de mayor peso fue la constante presión estadounidense exigiéndole a nuestro país que frenara el tráfico de drogas. Colaboró a esto el hecho de que, efectivamente, no se estaba obteniendo ningún triunfo sonado contra el narco, situación que era y seguirá siendo común a muchos otros países. Un ejemplo: los 30 mil millones de dólares invertidos por EU en Colombia en los últimos cinco años para disminuir el tráfico de cocaína, no se han traducido en un solo gramo menos.

El error de la decisión no estuvo en que Calderón vinculara su gobierno al ejército, sino en que a sabiendas de que no puede ganar la guerra contra el narco, vinculara la legitimidad de su gobierno a los logros, los fracasos y los costos de lanzar al ejército a esa guerra. La legitimidad del actual presidente, tildada de origen de fraude electoral, tenía un terreno muy corto para moverse y lograr salir de ahí. Eligió para dar el brinco no sólo uno de los problemas nacionales más importantes -el de la seguridad pública-, sino uno en el que podía usarse la fuerza sin necesidad de llegar a acuerdos con otros partidos y, con un poco de suerte, hasta obtener algunos resultados lucidores. Lo que Calderón no consideró, pero ha venido aprendiendo, es que el crimen no disminuye por decisión presidencial y los favores del ejército no son gratuitos y hay que pagarlos con aumentos diez veces superiores a los del salario mínimo; privilegios, apapachos y honores que incluyen la impunidad ante la acusación de que intervinieron en delitos del orden común, y la declaración de que son héroes si murieron en una emboscada.

Además de esta peligrosa asociación -que puede engullirse a Calderón con toda nuestra incipiente democracia-, el actual Presidente quiere que los responsables de procurar justicia tengan en todos los casos las mismas facultades de acción e investigación de quienes están encargados de procesar a los miembros del crimen organizado. A esta noción se debe otro error imperdonable: aunque todo mundo sabe que el cuello de botella se encuentra en las inagotables facultades que se le han concedido a los agentes del ministerio público, Calderón, ciego con el narco, quiere darles más todavía. El paquete de reformas que envió al Senado revela claramente esta necedad. Ordenar arrestos, autorizar cateos, decomisos de bienes que parezcan ilegítimos e intervenir teléfonos, todo esto sin la autorización previa de un juez, son parte de estas linduras.

Es muy posible que en los cinco meses que lleva su administración, Calderón ya se haya gastado varios miles de millones de dólares en la lucha contra el narco. Curiosamente eso es lo de menos, porque a la hora de contabilizar las pérdidas, pesarán mucho más las inversiones políticas que está haciendo: el haber hecho a su gobierno dependiente de las fuerzas militares; el haber envilecido nuestro sistema de derecho con disposiciones propias de estados autoritarios; el habernos impuesto autoridades incapaces de procurar justicia, pero plenamente facultadas para defender los intereses del gobierno -que sólo por verdadera excepción coinciden con los nuestros.

Lo que hace imperdonables a estos errores es que la única justificación que podría hacerlos perdonables es que fueron hechos con el hipotético fin de ganar una guerra que, como todos saben, está perdida de antemano.

Calderón no va a reducir las actividades del crimen organizado ni los delitos del orden común. No sirven para ello ni los militares ni autoridades facultadas para actuar en contra de las garantías constitucionales. Limitar la guerra contra el narco a lo que podemos seguir perdiendo -y sabemos que vamos a perder-, es razonable y urgente. Ojalá y Calderón llegue a entenderlo antes de que haya perdido lo que le resta de legitimidad.


Correo electrónico: ruizharrell@gmail.com