Reforma, 28 de mayo de 2007
Costos...
Juan Enríquez Cabot
Hará tiempo que ingenioso y ocioso banquero inventó el termino BRIC. Siglas que, según él, denotaban los países en desarrollo con mayor potencial, Brasil, Rusia, India, China (México ni aparecía...). En general al grupo le ha ido bien, pero un miembro del grupo se queda más y más atrás en esta carera, Brasil...
Cierto, Brasil ha controlado su histérica inflación pero la economía sigue estancada. Entre 2000 y 2007 China creció 9.6 por ciento por año, Rusia 6.8 por ciento, India 6.7 por ciento, mientras que Brasil apenas alcanzó 2.6 por ciento. Restémosle crecimiento poblacional y resulta que hay casi nulo crecimiento real. No sorprende que la más reciente portada de la revista Latin Finance muestre tres países Formula 1 dejando atrás a la carcachita brasileña.
Al no haber crecimiento, hay poca inversión. Y al no haber inversión, hay poco empleo. Lo que sí crece y crece es la inseguridad, las drogas, las bandas que atacan por igual a policía que a Ejército. Hay hoy ciudades en Brasil casi tan inseguras y violentas como las nuestras. Luego entonces, la preguntilla, ¿acaso habrá alguna lección que podamos aprender del ejemplo brasileño?
Si así le va a Brasil, ¿qué nos ha ocurrido a los mexicanos a partir de las hermosas profecías predicadas por innombrable Presidente? Ha habido, desde luego, inmensos ganadores. Individuos que apoyan irreflexivamente el statu quo. En general éste ha sido un pequeño subgrupo de la gente más educada. Sus ingresos, exportaciones, negocios se han incrementado de manera notable. México hoy exporta casi 17 veces más que antes el TLC...
Pero, al igual que en Brasil, muchos de estos individuos se han beneficiado del exacto opuesto del libre comercio. Han podido establecer monopolios y oligopolios protegidos por el gobierno. Estudio reciente de Acus Consultores nos da una pequeña idea de lo que significa o competir o caer bajo un paraguas protector. En México, los hoteles y restaurantes no son monopolio... y así les fue. Entre 1994 y el 2006 por peso invertido (ROE) perdieron 67 por ciento. ¿Constructor promedio? Perdió 4 por ciento. ¿Textiles? Perdieron 15 por ciento. Mientras tanto las áreas "concesionadas" por parte del gobierno ganaron un poquito más... Telefonía fija ganó 21 por ciento. ¿Medios? +26 por ciento. ¿Celulares? +43 por ciento.
¿Qué nos cuesta una economía donde el éxito de unos pocos se basa en el monopolio/ oligopolio? Un celular en México, según MUND, cuesta 2.5 veces más que en Estados Unidos y dos veces más que en España. Ha de ser coincidencia, no falta de competencia. No chantaje político. No Ley Televisa anexas y conexas. No ha de ser la protección de privilegios que lleva a que Carlos Slim sea hoy el segundo hombre más rico del mundo. Y ha de ser por eso que gozamos del privilegio de pagar tres veces más por llamada telefónica que un argentino y cuatro veces más que un brasileño.
Hay un ligerísimo costo en el mantener esta concentración del ingreso y privilegios para algunos pocos. Hoy día México es la doceava economía más grande del mundo. Pero en ingresos por persona es la 45. Mucha producción, mucha riqueza, pocos beneficiarios, cada vez más pobres...
Pa' qué innovar, dicen algunos de los hombres más ricos del planeta, si vamos a full mother como estamos... Al no haber competencia, no hay nueva empresa, no hay competencia, no hay competitividad. Según el Instituto Mexicano de la Competitividad, caemos y caemos versus otras economías. En 2004 éramos la segunda economía más competitiva de América Latina. Pero no te preocupes. Vamos a toda velocidad. Con el pequeñísimo detalle de que vamos en picada. Hoy ya llegamos al lugar número cinco en América Latina. En términos mundiales ya logramos caer al honroso lugar 33, de 45, en competitividad. Y en términos de distribución de la riqueza llegamos, a toda velocidad, a un extraordinario lugar 58.
Lo más triste es que los más afectados por la apertura comercial más la falta de competitividad del mexicano han sido los más pobres. A partir de que abrimos la economía en 1995 el 20 por ciento más pobre de la población perdió 21 por ciento de su ingreso relativo a lo que ganan otros estratos económicos (Perry/Olarreaga, Banco Mundial). Hay desde luego países donde esto no ha ocurrido. Donde la apertura y la globalización han llevado a inmensas mejoras. En China, en 20 años, el porcentaje de la población que vive en extrema miseria cayó de 60 por ciento a 20 por ciento. Un país puede sobrevivir corrupción y comunismo siempre y cuando mejore conocimientos y mentes. Y siempre y cuando esté dispuesto a gradualmente eliminar monopolios.
Aquí pareciera que observamos este tipo de ejemplos y decidimos deliberadamente caminar en sentido inverso. Ampliamos la concentración y fuerza de los principales accionistas de Telmex y Televisa, entre otros; limitamos competencia, crecimiento, inversión y nuevo empleo. Al haber cada vez más pobres y desesperados, crece la violencia, el crimen, la economía subterránea basada en el ambulantaje, el secuestro y la droga. Los mejorcitos se van. Muchos de los más enojados y violentos se quedan. Eso sí, invertimos cada vez más en sofisticados sistemas de espionaje telefónico para intentar controlar cada vez más molestia y malestar.
Quizás el oligopolio más nocivo y costoso del país ni siquiera sea privado. En estos últimos sexenios permitimos que nuestras escuelas se deterioraran cada vez más hasta convertirse primordialmente no en planteles de enseñanza sino en cotos de poder para grillas magisteriales. En perversa ecuación, parece ser que mientras más poder político acumula el magisterio, menos interés en mejorar y enseñar. Esta semana vimos extraordinarias declaraciones por parte de los maestros. Quienes aplican las pruebas dicen que nunca deberán ser examinados, que los estándares y las calificaciones son conceptos arbitrarios. Gritan que se oponen terminantemente a que se mida si saben, si sus alumnos saben, si mejora la clase de gente que da clases en sus planteles. Ah, pero eso sí, mientras menos competitivos y más grillos, mayor pedazo del pastel económico nacional demandan. Menos resultados, más paga, menos clases, más beneficios. Vaya que aprendieron bien el modelito Ley Televisa.
Quizás por eso tanto Brasil como México invierten en más y más soldados, en vano intento por detener crecientes olas de violencia, en proteger el statu quo. Pero el cambio y la seguridad real dependen de entender y empezar a limitar los costos que implica el seguir el modelo de desarrollo y crecimiento que con tan poco éxito aplican México y Brasil...
lunes, 28 de mayo de 2007
jueves, 24 de mayo de 2007
¿HASTA CUANDO VAN A HACER CASO?
Reforma, 14 de mayo de 2007
Tres reglas...
Juan Enríquez Cabot
La guerra es a muerte, con saña. No basta matar. Rara vez aparecen muchos cuerpos con mero balazo en la cabeza. No. En el mejor de los casos, aparecen cuerpos llenos de balas. ¿Para qué usar una sola bala si con 100 se divierte uno más? Son más y más comunes los cuerpos mutilados, torturados, cabezas sueltas buscando cuerpo perdido. Cabezas que llevan y traen recaditos cual sobre de mensajería.
En la última década la nota roja se volvió materia de primera plana. En el ultimo año se volvió, de manera consistente, noticia de ocho columnas. Crece y crece la violencia. Día a día se acelera la muerte. Esta guerra, igual que ocurre en Estados Unidos con la guerra de Iraq, acapara toda atención y recurso gubernamental. ¿Cómo reducir presupuesto, enfrentarse a desastre educativo, cabildear libre paso laboral fronterizo cuando no se controla la acera de enfrente?
Nuevo juego, nuevas reglas. En Michoacán se juntan izquierda y derecha para demandar mano dura. Calderón militariza y promete nunca ceder. Cárdenas Batel lo apoya y demanda más intervención, más armas, más Ejército. Bazucas y metralletas por todo Apatzingán. Soldados toman control de diversos gobiernos estatales. Pero entrando a la guerra de frente los militares pierden tradicional inmunidad. Empiezan atentados no sólo contra soldados sino también contra generales del Ejército y comandantes de la Marina. Éstas son palabras mayores. Empiezan a aparecer por ahí más cuerpos relacionados con gente cada vez más prominente. En Veracruz cuatro guaruras muertos que custodiaban a los hijos del góber del estado de México. Autoridades veracruzanas declaran "ha de haber sido una confusión". Acto seguido, por no haber entendido tan sutil mensajito, aparece una cabecita suelta en cajita con dos granadas frente a la comandancia del sexto cuartel militar en Veracruz y se asesina a un comandante de policía en Acolman, estado de México. Listísimo góber veracruzano aclara: "significa una provocación. Igual que en Sonora, Tamaulipas, Nuevo León, Michoacán y Guerrero...". Mas no, hijo mío, no es "una provocación", es el inicio de la tercera guerra mundial. Por lo cual queda una sola pregunta esencial en el aire... ¿Qué sigue?
Podemos aprender mucho de Beirut, Iraq y Colombia. A menudo, cuando los malosos se aburren de desaparecer, torturar, decapitar y acribillar, comienzan los bombazos y los ataques espectaculares. Al principio los objetivos iniciales son instalaciones y patrullas del Ejército. Pero eventualmente las bombas se usan para intentar asegurar la ingobernabilidad. Se atacan instalaciones eléctricas, se vuelan puentes y bombas de agua, se intenta deshacer edificios y monumentos icono. Finalmente se pasa a aterrorizar a la población civil masacrando gente en cafés, mercados, bodas, cumpleaños y hasta funerales.Luego entonces, una vez iniciada la guerra, ¿cómo prevenir, combatir y evitar una espiral continua de violencia? Hay que recordar por lo menos tres reglas esenciales de otras guerras a muerte, no hay manera de ganar sin legitimidad, eficacia y consistencia...
Si la mayor parte del país, especialmente los habitantes de los lugares más aterrorizados, no consideran legítima la acción del gobierno no hay manera de ganar la batalla. En una guerra de verdad, donde está en juego la existencia misma del Estado, se vale mucho. Aunque le dé apoplejía a la Comisión de Derechos Humanos, se pueden usar bazucas, tanquetas, metralletas, emboscadas y artimañas siempre y cuando el sentimiento generalizado sea: 'ta bien se la buscaron, se la merecían. Este tipo de apoyo tiende a crecer después de que explota una bomba, cae un avión, o de que matan a un político popular.
Pero cuidado, el apoyo a la mano dura puede ser efímero, inclusive puede volverse inexistente. Hay muchos lugares donde el narco es la única fuente de frijoles, empleo, justicia y sueños. Si la población, por temor o conveniencia, decide apoyar al narco más que al policía, soldado, juez o presidente municipal... aguas. ¿Por qué pudiera llegar a ocurrir esto? Pues en gran parte del país ha habido una sequía, durante décadas, en términos de empleo, salario, educación y justicia. Habría que recordar que, según el magistrado que preside el tribunal superior agrario, los narcos controlan la tercera parte de las tierras cultivables del país. Entre más islitas donde se perciba que el gobierno y sus representantes son los más malos, más difícil será encontrar y erradicar a los malosos. En la medida en que se acumulen muertos y no se vean resultados, en la medida en que más y más muertos sean civiles, y en la medida en que se perciba que el gobierno mata o desaparece sin razón... pues la batalla entera se puede volver ilegítima.
Y es por esto que la segunda regla esencial es ser eficaz. Hay que entender claramente a quién exactamente hay que combatir y eliminar en este momento. Aun en plena guerra, no se debe ser represor de manera aleatoria. Es mucho más eficaz atacar a un gran financiero o desarrollador inmobiliario, alguien que actúa como lavadora, que a un campesino más que planta marihuana para no morirse de hambre. Es mejor colgar en el Zócalo a corrupto juez y vival abogado que exhibir a una mula más que intentaba cargar un kilo o dos para sobrellevarla. En los pueblos se sabe quiénes son sicópatas violentos y quiénes proveen empleo, dinero y futuro. No hay que dar palos de ciego. Es labor de inteligencia, no de fuerza bruta. Para acotar al narco hay que restablecer el legítimo monopolio gubernamental sobre la violencia. Hay que retomar los instrumentos del Estado, los mandos del Ejército y policiacos, de la impartición de justicia. Primero hay que eliminar a grandes empresarios y políticos que se benefician y cobijan con el dinero del narco. A la vez hay que desaparecer a quien decapita, asesina autoridades y amenaza al Estado.
Finalmente hay que ser consistentes. Igual que la guerrilla, el narco no tiene que ganar una sola batalla, mucho menos la guerra. Lo único que tiene que lograr es sobrevivir mientras el gobierno se cansa o se desgasta. Retomar un pueblo o una ciudad para luego abandonarlo a su suerte sin reconstruir eficaz gobierno local es error mayor. Significa que al salir tropa hay oportunidad de castigar al que ayudó a combatir al narco. Y a la larga, cualquier Estado que no logra proteger a los suyos, a sus aliados, acaba siendo abandonado aun por sus propios simpatizantes.
Tres reglas...
Juan Enríquez Cabot
La guerra es a muerte, con saña. No basta matar. Rara vez aparecen muchos cuerpos con mero balazo en la cabeza. No. En el mejor de los casos, aparecen cuerpos llenos de balas. ¿Para qué usar una sola bala si con 100 se divierte uno más? Son más y más comunes los cuerpos mutilados, torturados, cabezas sueltas buscando cuerpo perdido. Cabezas que llevan y traen recaditos cual sobre de mensajería.
En la última década la nota roja se volvió materia de primera plana. En el ultimo año se volvió, de manera consistente, noticia de ocho columnas. Crece y crece la violencia. Día a día se acelera la muerte. Esta guerra, igual que ocurre en Estados Unidos con la guerra de Iraq, acapara toda atención y recurso gubernamental. ¿Cómo reducir presupuesto, enfrentarse a desastre educativo, cabildear libre paso laboral fronterizo cuando no se controla la acera de enfrente?
Nuevo juego, nuevas reglas. En Michoacán se juntan izquierda y derecha para demandar mano dura. Calderón militariza y promete nunca ceder. Cárdenas Batel lo apoya y demanda más intervención, más armas, más Ejército. Bazucas y metralletas por todo Apatzingán. Soldados toman control de diversos gobiernos estatales. Pero entrando a la guerra de frente los militares pierden tradicional inmunidad. Empiezan atentados no sólo contra soldados sino también contra generales del Ejército y comandantes de la Marina. Éstas son palabras mayores. Empiezan a aparecer por ahí más cuerpos relacionados con gente cada vez más prominente. En Veracruz cuatro guaruras muertos que custodiaban a los hijos del góber del estado de México. Autoridades veracruzanas declaran "ha de haber sido una confusión". Acto seguido, por no haber entendido tan sutil mensajito, aparece una cabecita suelta en cajita con dos granadas frente a la comandancia del sexto cuartel militar en Veracruz y se asesina a un comandante de policía en Acolman, estado de México. Listísimo góber veracruzano aclara: "significa una provocación. Igual que en Sonora, Tamaulipas, Nuevo León, Michoacán y Guerrero...". Mas no, hijo mío, no es "una provocación", es el inicio de la tercera guerra mundial. Por lo cual queda una sola pregunta esencial en el aire... ¿Qué sigue?
Podemos aprender mucho de Beirut, Iraq y Colombia. A menudo, cuando los malosos se aburren de desaparecer, torturar, decapitar y acribillar, comienzan los bombazos y los ataques espectaculares. Al principio los objetivos iniciales son instalaciones y patrullas del Ejército. Pero eventualmente las bombas se usan para intentar asegurar la ingobernabilidad. Se atacan instalaciones eléctricas, se vuelan puentes y bombas de agua, se intenta deshacer edificios y monumentos icono. Finalmente se pasa a aterrorizar a la población civil masacrando gente en cafés, mercados, bodas, cumpleaños y hasta funerales.Luego entonces, una vez iniciada la guerra, ¿cómo prevenir, combatir y evitar una espiral continua de violencia? Hay que recordar por lo menos tres reglas esenciales de otras guerras a muerte, no hay manera de ganar sin legitimidad, eficacia y consistencia...
Si la mayor parte del país, especialmente los habitantes de los lugares más aterrorizados, no consideran legítima la acción del gobierno no hay manera de ganar la batalla. En una guerra de verdad, donde está en juego la existencia misma del Estado, se vale mucho. Aunque le dé apoplejía a la Comisión de Derechos Humanos, se pueden usar bazucas, tanquetas, metralletas, emboscadas y artimañas siempre y cuando el sentimiento generalizado sea: 'ta bien se la buscaron, se la merecían. Este tipo de apoyo tiende a crecer después de que explota una bomba, cae un avión, o de que matan a un político popular.
Pero cuidado, el apoyo a la mano dura puede ser efímero, inclusive puede volverse inexistente. Hay muchos lugares donde el narco es la única fuente de frijoles, empleo, justicia y sueños. Si la población, por temor o conveniencia, decide apoyar al narco más que al policía, soldado, juez o presidente municipal... aguas. ¿Por qué pudiera llegar a ocurrir esto? Pues en gran parte del país ha habido una sequía, durante décadas, en términos de empleo, salario, educación y justicia. Habría que recordar que, según el magistrado que preside el tribunal superior agrario, los narcos controlan la tercera parte de las tierras cultivables del país. Entre más islitas donde se perciba que el gobierno y sus representantes son los más malos, más difícil será encontrar y erradicar a los malosos. En la medida en que se acumulen muertos y no se vean resultados, en la medida en que más y más muertos sean civiles, y en la medida en que se perciba que el gobierno mata o desaparece sin razón... pues la batalla entera se puede volver ilegítima.
Y es por esto que la segunda regla esencial es ser eficaz. Hay que entender claramente a quién exactamente hay que combatir y eliminar en este momento. Aun en plena guerra, no se debe ser represor de manera aleatoria. Es mucho más eficaz atacar a un gran financiero o desarrollador inmobiliario, alguien que actúa como lavadora, que a un campesino más que planta marihuana para no morirse de hambre. Es mejor colgar en el Zócalo a corrupto juez y vival abogado que exhibir a una mula más que intentaba cargar un kilo o dos para sobrellevarla. En los pueblos se sabe quiénes son sicópatas violentos y quiénes proveen empleo, dinero y futuro. No hay que dar palos de ciego. Es labor de inteligencia, no de fuerza bruta. Para acotar al narco hay que restablecer el legítimo monopolio gubernamental sobre la violencia. Hay que retomar los instrumentos del Estado, los mandos del Ejército y policiacos, de la impartición de justicia. Primero hay que eliminar a grandes empresarios y políticos que se benefician y cobijan con el dinero del narco. A la vez hay que desaparecer a quien decapita, asesina autoridades y amenaza al Estado.
Finalmente hay que ser consistentes. Igual que la guerrilla, el narco no tiene que ganar una sola batalla, mucho menos la guerra. Lo único que tiene que lograr es sobrevivir mientras el gobierno se cansa o se desgasta. Retomar un pueblo o una ciudad para luego abandonarlo a su suerte sin reconstruir eficaz gobierno local es error mayor. Significa que al salir tropa hay oportunidad de castigar al que ayudó a combatir al narco. Y a la larga, cualquier Estado que no logra proteger a los suyos, a sus aliados, acaba siendo abandonado aun por sus propios simpatizantes.
viernes, 18 de mayo de 2007
jueves, 17 de mayo de 2007
EL PELELE NOS LLEVA AL PRECIPICIO
Excelsior, 17 de mayo de 2007
Los muertos que vos matáis...
Humberto Musacchio
Las muchas policías mexicanas han sido un perfecto ejemplo de ineficiencia en el combate al crimen organizado
La conducción política requiere energía, valor y decisión. Ni duda cabe, pero el ejercicio imprudente de esos valores puede revertirse y llevar a resultados indeseables, del todo contrarios al objetivo buscado. Eso es lo que está sucediendo con la llamada “guerra contra el narcotráfico”, que hasta ahora arroja saldos que están muy lejos de mostrar eficacia en el empleo de la fuerza y de tranquilizar a la sociedad.
A propósito de la batida contra los narcos y sus tristes consecuencias, algunos personeros del gobierno insisten en que el descomunal aumento de las muertes violentas es “porque el narco está herido de muerte” o porque son “patadas de ahogado”. Incluso, un funcionario de buena fe dijo, palabras más, palabras menos, que la tremenda y sangrienta respuesta de las mafias se debe a que están heridas de muerte.
Para todos resulta obvio que el crimen organizado avanza todos los días, domina nuevos territorios, ingresa a los más diversos negocios y adquiere una poderosa presencia social. Además de su efecto corruptor, que incide severamente en los cuerpos policiacos y en el aparato de procuración de justicia, su alcance llega a muy altas esferas oficiales, pues financia campañas electorales, impone candidatos y condiciona por diversas vías el ejercicio del poder.
Si, como se estima, los narcos mexicanos mueven entre 20 mil y 30 mil millones de dólares cada año, a nadie escapa su importancia económica. Se han convertido en prominentes creadores de empleo, en fuente de financiamiento empresarial y en constructores que están cambiando la faz de muchas ciudades. A tan aplastante presencia económica corresponde una influencia irresistible, pues es conocido de la opinión pública que altos jefes de las bandas ocupan puestos en los consejos de administración de bancos regionales, intervienen en la esfera del deporte como dueños o patrocinadores de equipos e incluso compran con dinero sucio las bendiciones de ministros católicos y de otros cultos.
El crimen organizado tiene en el centro de sus actividades el narcotráfico. Es así por la importancia económica del tráfico de estupefacientes, pero eso no significa que los delincuentes de ese ámbito se prohíban incursionar en otros negocios ilícitos que les resultan altamente rentables, tales como el robo y el tráfico internacional de automóviles, los secuestros, la trata de blancas y otras actividades que hacen de las personas objeto de un comercio que no reconoce fronteras.
Estas actividades hacen del crimen organizado un negocio prácticamente mundial. Las transnacionales delictivas operan con solvencia en varios países, en diversas especialidades ilegales e igualmente en actividades permitidas por la ley en las que el dinero sucio entra en la circulación monetaria legal.
Las mafias cuentan con habilísimos abogados, con el respaldo de periódicos a su servicio, con la complicidad de policías, fiscales y jueces, con la interesada amistad de políticos y, por si fuera poco, actúan en sociedad con empresarios que no tienen otra moral sino el dinero. Ya la pelea no es contra matones de esquina ni raterillos de poca monta. Hoy, la guerra es contra fuerzas altamente complejas que disponen de dinero y de influencia para eludir la ley o someterla a su interés.
Las muchas policías mexicanas han sido un perfecto ejemplo de ineficiencia en el combate al crimen organizado. Fallaron no sólo porque incurren en el pecado de la corrupción, lo que se da por sentado y no debe ser óbice para su actuación; fallaron porque están ayunas de preparación personal y técnica para combatir al crimen moderno. Quizá sirvan para aprehender y extorsionar carteristas, pero están en franca desventaja para hacerle frente a las fuerzas del narco.
Pero hay algo más. En ninguna parte del mundo se ha logrado vencer a los narcotraficantes. Sufren derrotas, por supuesto, pero esas mafias son como hidras que reproducen y multiplican cada apéndice cortado. Las drogas siguen presentes en todas las grandes ciudades y en otras no tan grandes porque las mafias siguen actuando, están ahí porque su mercancía tiene demanda. Hasta los economistas del gobierno lo saben.
Con el poder corruptor de su dinero, con una inmensa capacidad para crear empleos legales e ilegales y con la legitimidad social que les aporta aparecer como benefactores, los capos del narco ya son algo más que personajes de corrido. Ni siquiera es propio decir que están enmedio de nosotros, pues en realidad se hallan situados más arriba, frecuentemente en posiciones respetables desde las cuales inciden en las decisiones que a todos nos afectan.
La contundente realidad, el fracaso de la llamada “guerra contra el narcotráfico” y un elemental sentido de responsabilidad social obligan a repensar el fenómeno. No sobra insistir: una solución es legalizar y reglamentar las drogas, dictar una amnistía y simultáneamente canalizar los caudales de las mafias hacia actividades permitidas, como se hizo en Estados Unidos al término de la prohibición. Lo demás es perder vidas y tiempo.
Los muertos que vos matáis...
Humberto Musacchio
Las muchas policías mexicanas han sido un perfecto ejemplo de ineficiencia en el combate al crimen organizado
La conducción política requiere energía, valor y decisión. Ni duda cabe, pero el ejercicio imprudente de esos valores puede revertirse y llevar a resultados indeseables, del todo contrarios al objetivo buscado. Eso es lo que está sucediendo con la llamada “guerra contra el narcotráfico”, que hasta ahora arroja saldos que están muy lejos de mostrar eficacia en el empleo de la fuerza y de tranquilizar a la sociedad.
A propósito de la batida contra los narcos y sus tristes consecuencias, algunos personeros del gobierno insisten en que el descomunal aumento de las muertes violentas es “porque el narco está herido de muerte” o porque son “patadas de ahogado”. Incluso, un funcionario de buena fe dijo, palabras más, palabras menos, que la tremenda y sangrienta respuesta de las mafias se debe a que están heridas de muerte.
Para todos resulta obvio que el crimen organizado avanza todos los días, domina nuevos territorios, ingresa a los más diversos negocios y adquiere una poderosa presencia social. Además de su efecto corruptor, que incide severamente en los cuerpos policiacos y en el aparato de procuración de justicia, su alcance llega a muy altas esferas oficiales, pues financia campañas electorales, impone candidatos y condiciona por diversas vías el ejercicio del poder.
Si, como se estima, los narcos mexicanos mueven entre 20 mil y 30 mil millones de dólares cada año, a nadie escapa su importancia económica. Se han convertido en prominentes creadores de empleo, en fuente de financiamiento empresarial y en constructores que están cambiando la faz de muchas ciudades. A tan aplastante presencia económica corresponde una influencia irresistible, pues es conocido de la opinión pública que altos jefes de las bandas ocupan puestos en los consejos de administración de bancos regionales, intervienen en la esfera del deporte como dueños o patrocinadores de equipos e incluso compran con dinero sucio las bendiciones de ministros católicos y de otros cultos.
El crimen organizado tiene en el centro de sus actividades el narcotráfico. Es así por la importancia económica del tráfico de estupefacientes, pero eso no significa que los delincuentes de ese ámbito se prohíban incursionar en otros negocios ilícitos que les resultan altamente rentables, tales como el robo y el tráfico internacional de automóviles, los secuestros, la trata de blancas y otras actividades que hacen de las personas objeto de un comercio que no reconoce fronteras.
Estas actividades hacen del crimen organizado un negocio prácticamente mundial. Las transnacionales delictivas operan con solvencia en varios países, en diversas especialidades ilegales e igualmente en actividades permitidas por la ley en las que el dinero sucio entra en la circulación monetaria legal.
Las mafias cuentan con habilísimos abogados, con el respaldo de periódicos a su servicio, con la complicidad de policías, fiscales y jueces, con la interesada amistad de políticos y, por si fuera poco, actúan en sociedad con empresarios que no tienen otra moral sino el dinero. Ya la pelea no es contra matones de esquina ni raterillos de poca monta. Hoy, la guerra es contra fuerzas altamente complejas que disponen de dinero y de influencia para eludir la ley o someterla a su interés.
Las muchas policías mexicanas han sido un perfecto ejemplo de ineficiencia en el combate al crimen organizado. Fallaron no sólo porque incurren en el pecado de la corrupción, lo que se da por sentado y no debe ser óbice para su actuación; fallaron porque están ayunas de preparación personal y técnica para combatir al crimen moderno. Quizá sirvan para aprehender y extorsionar carteristas, pero están en franca desventaja para hacerle frente a las fuerzas del narco.
Pero hay algo más. En ninguna parte del mundo se ha logrado vencer a los narcotraficantes. Sufren derrotas, por supuesto, pero esas mafias son como hidras que reproducen y multiplican cada apéndice cortado. Las drogas siguen presentes en todas las grandes ciudades y en otras no tan grandes porque las mafias siguen actuando, están ahí porque su mercancía tiene demanda. Hasta los economistas del gobierno lo saben.
Con el poder corruptor de su dinero, con una inmensa capacidad para crear empleos legales e ilegales y con la legitimidad social que les aporta aparecer como benefactores, los capos del narco ya son algo más que personajes de corrido. Ni siquiera es propio decir que están enmedio de nosotros, pues en realidad se hallan situados más arriba, frecuentemente en posiciones respetables desde las cuales inciden en las decisiones que a todos nos afectan.
La contundente realidad, el fracaso de la llamada “guerra contra el narcotráfico” y un elemental sentido de responsabilidad social obligan a repensar el fenómeno. No sobra insistir: una solución es legalizar y reglamentar las drogas, dictar una amnistía y simultáneamente canalizar los caudales de las mafias hacia actividades permitidas, como se hizo en Estados Unidos al término de la prohibición. Lo demás es perder vidas y tiempo.
martes, 15 de mayo de 2007
GUERRA PERDIDA
Reforma, 14 de mayo de 2007
Militarización excesiva
Rafael Ruiz Harrell
Hace tiempo ya que lo hemos venido advirtiendo: los reiterados fracasos contra el narco y la falta de una estrategia eficaz para combatirlo, ha venido acelerando la entrega del gobierno a las fuerzas militares. Hoy la dependencia es casi absoluta y terminará por serlo en definitiva cuando quede constituido cabalmente el Cuerpo de Fuerzas de Apoyo Federal. El nuevo cuerpo, siempre bajo el mando directo del Presidente de la República, estará integrado por militares y deberá apoyar al gobierno federal y a los locales contra actos de perturbación a la paz social y en la lucha en contra del crimen organizado.
Entregarle sin limitaciones a las fuerzas castrenses los recursos de una administración civil, es un acto descabellado que implica dos confesiones. La primera es que ya no se sabe qué hacer con las policías para controlar el crimen organizado. La segunda es que se le pasa el problema al ejército como una papa caliente en la dudosa esperanza de que las fuerzas armadas descubran o inventen qué hacer. O sea: ineficacia y desesperación.
En sus orígenes se pretendía abatir el crimen y demostrar que el gobierno calderonista conservaba el control de los factores sociales, pero pronto fueron tantos los ejecutados de las manera más crueles y públicamente impactantes que empezó a sospecharse lo contrario. No: Calderón no estaba ganando la guerra, sino la estaba perdiendo y de la manera más vergonzosa. Acudió, pues, a la estrategia que había fijado semanas antes de rendir su protesta: darle al ejército su apoyo público e irrestricto a cambio de que ellos se comprometieran a meter al orden al narco. Sólo que había un problema mal calculado: la primera parte del pacto podía cumplirse, la segunda no.
CONSECUENCIAS
Se admite ya que el poder de fuego del crimen organizado es superior al del ejército. La razón no puede ser más simple: el crédito que tiene el crimen organizado en las subastas clandestinas de armas es notoriamente superior al que tienen los ejércitos de países como el nuestro. Además ¿de qué sirve mantenerlos abastecidos si a la menor oportunidad venden la munición y las armas?
Hay quienes afirman que crear un cuerpo de élite que esté exclusivamente a las órdenes del Presidente, pude superar estos problemas, pero la práctica muestra que no es así. Los cuerpos privilegiados, que dependen tan sólo del general en jefe, son los que más fácilmente se corrompen y los que con más rapidez acaban por estar ineptos para la guerra. Por lo demás son los que más privilegios y prebendas exigen y los que más caro venden su lealtad. En suma: con la creación del Cuerpo de Fuerzas de Apoyo Federal lo más probable es que Calderón encuentre problemas que soluciones.
Por lo demás puede preverse qué sucederá: el nuevo cuerpo de élite tendrá uno o dos enfrentamientos con las fuerzas del narco, detendrá a uno o dos capos, se hablará de cuatro o cinco detenidos y de media docena de muertos y después pasarán varios meses sin ninguna novedad.
IMPORTANCIA
Tal vez sea necesario decir algo que la propaganda oficial infla y exagera deliberadamente: el narcotráfico y la mayor parte de las manifestaciones delictivas del crimen organizado, no inquietan tanto a la gente común y corriente como ha dado en suponerse. En las encuestas que se hacen para determinar qué tan grave considera la gente el narcotráfico, suele obtener entre 63 y 66 puntos, pero nunca supera los 70. A quien inquieta de manera desmedida -sobre todo si está bajo la presión de EU- es a los gobiernos que no controlan sus remesas. A los ciudadanos no.
Quiero decir con esto que la importancia del narco y del crimen organizado es sobre todo política, pero no delictiva. Sirve para que un gobierno débil y de escasa legitimidad se conserve temblorosamente en el poder, pero nada más. Si quisiera en verdad derrotar al narco necesitaría contar con el concurso de la gente. Le sería más útil que el de las fuerzas armadas porque esas luchas, como casi todas las de nuestros días, no son decididas por la fuerza o por el poder de tiro, sino por los recursos económicos. Es sólo en los niveles más elementales -rescatar un embarque, asegurar un envío-, donde importan las armas, en los más elevados importa la tecnología, la velocidad para transmitir recursos, la oportunidad con que se recibe información.
No es a balazos como se va a controlar el narco, así que la participación del ejército es de muy secundaria importancia.
Militarización excesiva
Rafael Ruiz Harrell
Hace tiempo ya que lo hemos venido advirtiendo: los reiterados fracasos contra el narco y la falta de una estrategia eficaz para combatirlo, ha venido acelerando la entrega del gobierno a las fuerzas militares. Hoy la dependencia es casi absoluta y terminará por serlo en definitiva cuando quede constituido cabalmente el Cuerpo de Fuerzas de Apoyo Federal. El nuevo cuerpo, siempre bajo el mando directo del Presidente de la República, estará integrado por militares y deberá apoyar al gobierno federal y a los locales contra actos de perturbación a la paz social y en la lucha en contra del crimen organizado.
Entregarle sin limitaciones a las fuerzas castrenses los recursos de una administración civil, es un acto descabellado que implica dos confesiones. La primera es que ya no se sabe qué hacer con las policías para controlar el crimen organizado. La segunda es que se le pasa el problema al ejército como una papa caliente en la dudosa esperanza de que las fuerzas armadas descubran o inventen qué hacer. O sea: ineficacia y desesperación.
En sus orígenes se pretendía abatir el crimen y demostrar que el gobierno calderonista conservaba el control de los factores sociales, pero pronto fueron tantos los ejecutados de las manera más crueles y públicamente impactantes que empezó a sospecharse lo contrario. No: Calderón no estaba ganando la guerra, sino la estaba perdiendo y de la manera más vergonzosa. Acudió, pues, a la estrategia que había fijado semanas antes de rendir su protesta: darle al ejército su apoyo público e irrestricto a cambio de que ellos se comprometieran a meter al orden al narco. Sólo que había un problema mal calculado: la primera parte del pacto podía cumplirse, la segunda no.
CONSECUENCIAS
Se admite ya que el poder de fuego del crimen organizado es superior al del ejército. La razón no puede ser más simple: el crédito que tiene el crimen organizado en las subastas clandestinas de armas es notoriamente superior al que tienen los ejércitos de países como el nuestro. Además ¿de qué sirve mantenerlos abastecidos si a la menor oportunidad venden la munición y las armas?
Hay quienes afirman que crear un cuerpo de élite que esté exclusivamente a las órdenes del Presidente, pude superar estos problemas, pero la práctica muestra que no es así. Los cuerpos privilegiados, que dependen tan sólo del general en jefe, son los que más fácilmente se corrompen y los que con más rapidez acaban por estar ineptos para la guerra. Por lo demás son los que más privilegios y prebendas exigen y los que más caro venden su lealtad. En suma: con la creación del Cuerpo de Fuerzas de Apoyo Federal lo más probable es que Calderón encuentre problemas que soluciones.
Por lo demás puede preverse qué sucederá: el nuevo cuerpo de élite tendrá uno o dos enfrentamientos con las fuerzas del narco, detendrá a uno o dos capos, se hablará de cuatro o cinco detenidos y de media docena de muertos y después pasarán varios meses sin ninguna novedad.
IMPORTANCIA
Tal vez sea necesario decir algo que la propaganda oficial infla y exagera deliberadamente: el narcotráfico y la mayor parte de las manifestaciones delictivas del crimen organizado, no inquietan tanto a la gente común y corriente como ha dado en suponerse. En las encuestas que se hacen para determinar qué tan grave considera la gente el narcotráfico, suele obtener entre 63 y 66 puntos, pero nunca supera los 70. A quien inquieta de manera desmedida -sobre todo si está bajo la presión de EU- es a los gobiernos que no controlan sus remesas. A los ciudadanos no.
Quiero decir con esto que la importancia del narco y del crimen organizado es sobre todo política, pero no delictiva. Sirve para que un gobierno débil y de escasa legitimidad se conserve temblorosamente en el poder, pero nada más. Si quisiera en verdad derrotar al narco necesitaría contar con el concurso de la gente. Le sería más útil que el de las fuerzas armadas porque esas luchas, como casi todas las de nuestros días, no son decididas por la fuerza o por el poder de tiro, sino por los recursos económicos. Es sólo en los niveles más elementales -rescatar un embarque, asegurar un envío-, donde importan las armas, en los más elevados importa la tecnología, la velocidad para transmitir recursos, la oportunidad con que se recibe información.
No es a balazos como se va a controlar el narco, así que la participación del ejército es de muy secundaria importancia.
DOS NOTAS DE UN MISMO TEMA
El Universal, martes 15 de mayo de 2007
México, varado por once limitantes: BM
José Manuel Arteaga
Recomienda el organismo nueva etapa de cambios estructurales; entre las limitantes destacan: impuestos y regularización tributaria; ambiente regulatorio; educación; corrupción; mercado laboral y energía.
El alto grado de concentración en los sectores económicos clave y la existencia de monopolios públicos y privados limitan la competitividad y el crecimiento económico de México, concluye el Banco Mundial (BM).
En el estudio Gobernabilidad democrática en México: Más allá de la captura del Estado y la polarización social, el organismo detectó 11 grandes limitantes para la competitividad en el país, entre los que destacan: impuestos y regularización tributaria; ambiente regulatorio; educación; corrupción; mercado laboral y energía.
Además de las limitaciones en materia de comercio, transporte y logística, innovación, finanzas, mercado laboral, entorno macroeconómico y por la ausencia de un entorno competitivo.
"Hay cuellos de botella que obstaculizan el crecimiento con base en cuánta inversión podría esperarse que resulte de realizar mejoras en una amplia variedad de ámbitos en los que los monopolios u oligopolios, tanto públicos como privados, limitan una competencia sana", señala.
Yasuhiko Matsuda, especialista senior del Banco Mundial en sector público para el Este asiático, y líder del estudio, recomendó a México limitar la influencia de grupos de interés.
Asimismo, puntualizó que nuestro país necesita fortalecer la capacidad regulatoria de sus reguladores, transparentar campañas y actividades de funcionarios públicos, reducir la pobreza y llevar adelante la reelección de legisladores.
Incluso, añadió, en el país existen grupos de interés "intocables" como los monopolios que limitan la gobernabilidad democrática.
Según el estudio,"México ya es un país altamente desigual desde una perspectiva internacional".
El trabajo hace hincapié en que en 2005 la riqueza de multimillonarios en México ascendió a 6.5% del Producto Interno Bruto (PIB), nivel similar a Estados Unidos y el Reino Unido y superior a Francia y Japón, cuyos ingresos en promedio son mayores a los de los mexicanos.
Agregó que los multimillonarios ganaron su riqueza mediante conexiones políticas y acceso privilegiado a los mercados, y no por la innovación y el esfuerzo competitivo.
Puntualizó que la alta concentración de la riqueza y el poder de una reducida élite económica contribuyen a crear una percepción de desigualdad entre los segmentos menos privilegiados de la sociedad que exacerba la polarización política.
El documento hace notar que las profundas reformas económicas que llevó a cabo México en el pasado propiciaron concentración de los mercados y no lograron encauzar mejoría de la competitividad.
"La privatización de las telecomunicaciones en México creó barreras legales a la entrada en el título de concesión de Telmex y mantuvo a la compañía como un monopolio de integración vertical en sustitución del monopolio público anterior", detalló el documento.
Yasuhiko Matsuda hizo especial mención de que Teléfonos de México domina los mercados de larga distancia, telefonía local y celular, donde las tarifas son significativamente mayores en nuestro país las de naciones de América Latina.
Matsuda dijo que en México existen áreas en donde las reformas no avanzan por grupos que ejercen presiones políticas.
"La élite mexicana se ha beneficiado de la restricciones a la entrada de competidores extranjeros en los sectores privatizadores", agrega el BM.
Sin embargo, el documento sostiene que México "está en la posición adecuada para comenzar su segunda transición hacia una gobernabilidad democrática".
Sin embargo, existen grupos que se resisten y diluyen las reformas cuando se intenta hacerlas y los políticos se muestran reacios a "impulsar una agenda ambiciosa de reformas", al saber las dificultades que representa superar la presión de los intereses particulares.
La Jornada, martes 15 de mayo de 2007
Destaca como el ejemplo más notable la privatización de telecomunicaciones
Emir Olivares Alonso
BM: para crecer México debe eliminar monopolios poderosos
La concentración del mercado y de la riqueza se traduce en influencia política, que debilita la gobernabilidad
Si México desea mejorar la gobernabilidad, impulsar la democracia y lograr un crecimiento sostenido, ''deberá deshacerse de los grupos de interés y monopolios poderosos'', sostiene el informe Gobernabilidad democrática en México: Más allá de la captura del Estado y la polarización social, elaborado por el Banco Mundial.
Yasuhiko Matsuda, quien encabezó el estudio, señaló que el ejemplo más notable ''es la privatización del sector de las telecomunicaciones, que únicamente sustituyó un monopolio público con uno privado''.
De acuerdo con el reporte, las ''distorsiones'' en las políticas públicas se deben a la excesiva influencia de grupos de interés de sindicatos como el Nacional de Trabajadores de la Educación, y élites económicas como los líderes de las telecomunicaciones, sobre todo de la telefonía, ''quienes capturan la relación entre liderazgo político y los ciudadanos''.
Matsuda agregó que la concentración del mercado y de la riqueza en pocos sectores ocasionan que ''el terreno de juego en la política mexicana esté lejos de ser nivelado. (Pues) el poder económico se traduce en influencia política, debilitando el peso relativo de la preferencia del elector promedio en el proceso político''.
Señaló que la influencia de dichos grupos de poder se debe a su capacidad de intervenir en el diseño de políticas públicas, en especial para atacar u obstaculizar funciones o fuentes de ingresos claves para el Estado, o a la de comprar el apoyo de políticos con su influencia financiera.
Refiere que para que México comience su ''segunda transición hacia la gobernabilidad democrática efectiva'', requiere reducir la ''creciente polarización social y superar los obstáculos sociopolíticos'' que generan los grupos de poder en el país.
El análisis subraya que aunque el gasto público en México ''se ha inclinado más a favorecer a los pobres'', así como a la cobertura de los servicios sociales básicos como salud y educación, no se han logrado disminuir los niveles de pobreza ni la inequidad social.
''Llama la atención que la transición democrática en México aún no haya logrado reducir los niveles de pobreza y la falta de equidad social, factores que en última instancia condicionan las posibilidades de crecimiento para el país'', aseguró Roby Senderowittsch, especialista en Desarrollo Institucional del BM.
Agregó que en México ''existen dos mundos'', uno, la minoría, con acceso al desarrollo económico y social, y el otro, en el que están la mayoría de los electores, que no tiene acceso al progreso.
Otro ejemplo de ello, advierte el informe, es que aunque las reformas con ''orientación de mercado'' realizadas en los años 90, como la apertura comercial a través del Tratado de Libre Comercio para América del Norte, ''han traído muchos beneficios para la economía mexicana, en algunos casos, esas mismas reformas no han sido igualmente eficaces en aumentar la competitividad del país''.
Ante ello, el informe revela que la agenda de reformas pendientes ''sigue siendo larga, y la calidad, equidad y eficacia de esos servicios (sociales), incluida la seguridad pública, aún pueden ser mejoradas. Los desafíos de la política que todavía enfrentan México no son triviales''.
El reporte del BM también resalta que el proceso democrático en México está debilitado, por lo que su reforzamiento será otro de los retos para que el Estado mexicano demuestre su ''eficacia''. Refiere que dicho debilitamiento se ha presentado por ''la incapacidad del gobierno para lograr la aprobación de las reformas estructurales pendientes'', sobre todo por la dificultad para el Ejecutivo federal de alcanzar consensos. Aunque no atribuye lo anterior a un gobierno dividido, sino que considera que la falta de consensos se debe a ''ciertos costos de política donde los intereses creados son poderosos''.
En torno a los procesos electorales, advierte que aunque las elecciones competitivas ''han dado voz a los ciudadanos comunes, aumentando su capacidad para enfrentarse a políticas basadas en intereses particulares, la capacidad de los grupos de interés para movilizar la resistencia fuera de los escenarios electorales y legislativos formales mitiga el impacto positivo de la rendición de cuentas sobre las elecciones''. Por ello, propone medidas de transparencia para mejorar el sistema de rendición de cuentas en el ámbito electoral.
''Una de las formas que podría ser efectiva para controlar la influencia de grupos poderosos sería fortalecer la rendición de cuentas electoral en la política mexicana, a través de medidas de transparencia que permitan que el público general escrute su conducta política. Otra sería considerar la eliminación de la regla electoral que prohíbe a los legisladores ser reelectos por periodos consecutivos'', propone el BM.
Asimismo, exhorta al gobierno a tomar medidas para establecer la credibilidad entre los electores que pertenezcan a grupos opuestos, las cuales podrían centrarse en ''dar a conocer un programa visible para fortalecer la autonomía jurídica de diversas instituciones gubernamentales''.
Otras recomendaciones son que se promueva el desarrollo socioeconómico en las regiones pobres, fortalecer la independencia del Estado de los grupos de poder para dar imagen de neutralidad, mantener la independencia del IFE, que exista alternancia partidista en el poder, que surjan medios de comunicación ''independientes'', que se promueva una mayor participación de los mexicanos y que el Congreso de la Unión tenga autonomía y no responda a intereses partidistas.
México, varado por once limitantes: BM
José Manuel Arteaga
Recomienda el organismo nueva etapa de cambios estructurales; entre las limitantes destacan: impuestos y regularización tributaria; ambiente regulatorio; educación; corrupción; mercado laboral y energía.
El alto grado de concentración en los sectores económicos clave y la existencia de monopolios públicos y privados limitan la competitividad y el crecimiento económico de México, concluye el Banco Mundial (BM).
En el estudio Gobernabilidad democrática en México: Más allá de la captura del Estado y la polarización social, el organismo detectó 11 grandes limitantes para la competitividad en el país, entre los que destacan: impuestos y regularización tributaria; ambiente regulatorio; educación; corrupción; mercado laboral y energía.
Además de las limitaciones en materia de comercio, transporte y logística, innovación, finanzas, mercado laboral, entorno macroeconómico y por la ausencia de un entorno competitivo.
"Hay cuellos de botella que obstaculizan el crecimiento con base en cuánta inversión podría esperarse que resulte de realizar mejoras en una amplia variedad de ámbitos en los que los monopolios u oligopolios, tanto públicos como privados, limitan una competencia sana", señala.
Yasuhiko Matsuda, especialista senior del Banco Mundial en sector público para el Este asiático, y líder del estudio, recomendó a México limitar la influencia de grupos de interés.
Asimismo, puntualizó que nuestro país necesita fortalecer la capacidad regulatoria de sus reguladores, transparentar campañas y actividades de funcionarios públicos, reducir la pobreza y llevar adelante la reelección de legisladores.
Incluso, añadió, en el país existen grupos de interés "intocables" como los monopolios que limitan la gobernabilidad democrática.
Según el estudio,"México ya es un país altamente desigual desde una perspectiva internacional".
El trabajo hace hincapié en que en 2005 la riqueza de multimillonarios en México ascendió a 6.5% del Producto Interno Bruto (PIB), nivel similar a Estados Unidos y el Reino Unido y superior a Francia y Japón, cuyos ingresos en promedio son mayores a los de los mexicanos.
Agregó que los multimillonarios ganaron su riqueza mediante conexiones políticas y acceso privilegiado a los mercados, y no por la innovación y el esfuerzo competitivo.
Puntualizó que la alta concentración de la riqueza y el poder de una reducida élite económica contribuyen a crear una percepción de desigualdad entre los segmentos menos privilegiados de la sociedad que exacerba la polarización política.
El documento hace notar que las profundas reformas económicas que llevó a cabo México en el pasado propiciaron concentración de los mercados y no lograron encauzar mejoría de la competitividad.
"La privatización de las telecomunicaciones en México creó barreras legales a la entrada en el título de concesión de Telmex y mantuvo a la compañía como un monopolio de integración vertical en sustitución del monopolio público anterior", detalló el documento.
Yasuhiko Matsuda hizo especial mención de que Teléfonos de México domina los mercados de larga distancia, telefonía local y celular, donde las tarifas son significativamente mayores en nuestro país las de naciones de América Latina.
Matsuda dijo que en México existen áreas en donde las reformas no avanzan por grupos que ejercen presiones políticas.
"La élite mexicana se ha beneficiado de la restricciones a la entrada de competidores extranjeros en los sectores privatizadores", agrega el BM.
Sin embargo, el documento sostiene que México "está en la posición adecuada para comenzar su segunda transición hacia una gobernabilidad democrática".
Sin embargo, existen grupos que se resisten y diluyen las reformas cuando se intenta hacerlas y los políticos se muestran reacios a "impulsar una agenda ambiciosa de reformas", al saber las dificultades que representa superar la presión de los intereses particulares.
La Jornada, martes 15 de mayo de 2007
Destaca como el ejemplo más notable la privatización de telecomunicaciones
Emir Olivares Alonso
BM: para crecer México debe eliminar monopolios poderosos
La concentración del mercado y de la riqueza se traduce en influencia política, que debilita la gobernabilidad
Si México desea mejorar la gobernabilidad, impulsar la democracia y lograr un crecimiento sostenido, ''deberá deshacerse de los grupos de interés y monopolios poderosos'', sostiene el informe Gobernabilidad democrática en México: Más allá de la captura del Estado y la polarización social, elaborado por el Banco Mundial.
Yasuhiko Matsuda, quien encabezó el estudio, señaló que el ejemplo más notable ''es la privatización del sector de las telecomunicaciones, que únicamente sustituyó un monopolio público con uno privado''.
De acuerdo con el reporte, las ''distorsiones'' en las políticas públicas se deben a la excesiva influencia de grupos de interés de sindicatos como el Nacional de Trabajadores de la Educación, y élites económicas como los líderes de las telecomunicaciones, sobre todo de la telefonía, ''quienes capturan la relación entre liderazgo político y los ciudadanos''.
Matsuda agregó que la concentración del mercado y de la riqueza en pocos sectores ocasionan que ''el terreno de juego en la política mexicana esté lejos de ser nivelado. (Pues) el poder económico se traduce en influencia política, debilitando el peso relativo de la preferencia del elector promedio en el proceso político''.
Señaló que la influencia de dichos grupos de poder se debe a su capacidad de intervenir en el diseño de políticas públicas, en especial para atacar u obstaculizar funciones o fuentes de ingresos claves para el Estado, o a la de comprar el apoyo de políticos con su influencia financiera.
Refiere que para que México comience su ''segunda transición hacia la gobernabilidad democrática efectiva'', requiere reducir la ''creciente polarización social y superar los obstáculos sociopolíticos'' que generan los grupos de poder en el país.
El análisis subraya que aunque el gasto público en México ''se ha inclinado más a favorecer a los pobres'', así como a la cobertura de los servicios sociales básicos como salud y educación, no se han logrado disminuir los niveles de pobreza ni la inequidad social.
''Llama la atención que la transición democrática en México aún no haya logrado reducir los niveles de pobreza y la falta de equidad social, factores que en última instancia condicionan las posibilidades de crecimiento para el país'', aseguró Roby Senderowittsch, especialista en Desarrollo Institucional del BM.
Agregó que en México ''existen dos mundos'', uno, la minoría, con acceso al desarrollo económico y social, y el otro, en el que están la mayoría de los electores, que no tiene acceso al progreso.
Otro ejemplo de ello, advierte el informe, es que aunque las reformas con ''orientación de mercado'' realizadas en los años 90, como la apertura comercial a través del Tratado de Libre Comercio para América del Norte, ''han traído muchos beneficios para la economía mexicana, en algunos casos, esas mismas reformas no han sido igualmente eficaces en aumentar la competitividad del país''.
Ante ello, el informe revela que la agenda de reformas pendientes ''sigue siendo larga, y la calidad, equidad y eficacia de esos servicios (sociales), incluida la seguridad pública, aún pueden ser mejoradas. Los desafíos de la política que todavía enfrentan México no son triviales''.
El reporte del BM también resalta que el proceso democrático en México está debilitado, por lo que su reforzamiento será otro de los retos para que el Estado mexicano demuestre su ''eficacia''. Refiere que dicho debilitamiento se ha presentado por ''la incapacidad del gobierno para lograr la aprobación de las reformas estructurales pendientes'', sobre todo por la dificultad para el Ejecutivo federal de alcanzar consensos. Aunque no atribuye lo anterior a un gobierno dividido, sino que considera que la falta de consensos se debe a ''ciertos costos de política donde los intereses creados son poderosos''.
En torno a los procesos electorales, advierte que aunque las elecciones competitivas ''han dado voz a los ciudadanos comunes, aumentando su capacidad para enfrentarse a políticas basadas en intereses particulares, la capacidad de los grupos de interés para movilizar la resistencia fuera de los escenarios electorales y legislativos formales mitiga el impacto positivo de la rendición de cuentas sobre las elecciones''. Por ello, propone medidas de transparencia para mejorar el sistema de rendición de cuentas en el ámbito electoral.
''Una de las formas que podría ser efectiva para controlar la influencia de grupos poderosos sería fortalecer la rendición de cuentas electoral en la política mexicana, a través de medidas de transparencia que permitan que el público general escrute su conducta política. Otra sería considerar la eliminación de la regla electoral que prohíbe a los legisladores ser reelectos por periodos consecutivos'', propone el BM.
Asimismo, exhorta al gobierno a tomar medidas para establecer la credibilidad entre los electores que pertenezcan a grupos opuestos, las cuales podrían centrarse en ''dar a conocer un programa visible para fortalecer la autonomía jurídica de diversas instituciones gubernamentales''.
Otras recomendaciones son que se promueva el desarrollo socioeconómico en las regiones pobres, fortalecer la independencia del Estado de los grupos de poder para dar imagen de neutralidad, mantener la independencia del IFE, que exista alternancia partidista en el poder, que surjan medios de comunicación ''independientes'', que se promueva una mayor participación de los mexicanos y que el Congreso de la Unión tenga autonomía y no responda a intereses partidistas.
jueves, 10 de mayo de 2007
JUSTICIA MEXICANA = ASQUEROSO CHIQUERO
Nuevo Excélsior, 10 de mayo de 2007
La justicia, ahumada, sucia
Humberto Musacchio
El aparente dueño del equipo de futbol León es la persona que mandó colocar cámaras y micrófonos en su estadio, para espiar a los equipos contrarios, lo que no fue objeto de sanción
La liberación de Carlos Ahumada está lejos de ser un acto ordinario del aparato judicial. Es la muestra de que la "justicia" mexicana es una de las mayores vergüenzas de un país humillado por los dueños del poder y del dinero, es un ejemplo más de la impunidad con que actúan las autoridades panistas y sus servidores.
Salido de los bajos fondos del mundo empresarial, Carlos Ahumada se ha caracterizado por su desprecio a la ley y a las personas. Al amparo de Vicente Fox, quien estaba empeñado en impedir a cualquier precio la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de la República, Ahumada cometió innumerables tropelías, algunas de las cuales recordó ayer un periódico insospechable de simpatizar con el PRD.
Ahumada —dice Reforma—, el aparente dueño del equipo de futbol León, es la persona que mandó colocar cámaras y micrófonos en su estadio, para espiar a los equipos contrarios, lo que no fue objeto de sanción. Igualmente, sus pistoleros tomaron por asalto las instalaciones del club Irapuato, de Primera A, para forzar un cambio de estadio. No hubo autoridad que quisiera intervenir.
Esas dos perlas del grueso expediente de Ahumada lo muestran como un rufián, pero en el Distrito Federal cumplía una sentencia por fraude genérico en perjuicio de dos delegaciones, Tláhuac y Gustavo A. Madero. Pese a todo, hace unos días fue cambiado el juez que veía el caso y, el juzgador entrante, Alberto Rubalcava, desechó las pruebas y lo declaró inocente.
Ahora, los antiperredistas de siempre señalan a Ahumada como una víctima de López Obrador, un mártir de la insidia izquierdosa al que han decidido elevar a los altares de la impunidad, ante los cuales esperan que nuevamente oficie fray Diego de Fernández y Cevallos. Para esa hueste, la extensa confesión de Ahumada rendida a los servicios de inteligencia de Cuba es asunto olvidado. Pero, cuidado: pueden llevarse una sorpresa si en La Habana deciden dar a conocer las partes de la confesión que hasta ahora tienen guardadas y en las cuales, presumiblemente, aparecerán los nombres de quienes protegieron al inescrupuloso empresario.
Para las autoridades de todo orden debiera ser preocupante la manera en que Ahumada amasó una colosal fortuna. Cabría que se preguntaran de dónde le llegaron esos fondos inagotables que le permitían comprar empresas, cooptar políticos y contar incluso con avión propio. En un país donde el narcotráfico maneja cantidades rockefellerianas, la autoridad encargada de investigar esas cosas debería estar preocupada. Pero no es así.
Si sólo fuera la liberación de Ahumada, el asunto muy bien podría atribuirse a un juez descuidado o ligero en sus determinaciones. Lamentablemente, se amontonan los desatinos y abusos del aparato impartidor de justicia y en la esfera oficial todo el mundo lo considera como algo "normal", quizá porque en México no hemos conocido otra cosa más que el atropello, la prepotencia y el enriquecimiento nunca explicado de los juzgadores.
Sin embargo, lo cierto es que del ámbito de los togados salen olores desagradables. Véase por ejemplo la sentencia infame contra Ignacio del Valle y otros presos por lo sucedido en San Salvador Atenco en febrero de 2006, sobre los cuales recayeron sentencias hasta de 67 años por la retención indebida de empleados públicos, pero no secuestro, pues no medió la petición de rescate ni se emplearon armas de fuego ni hubo nada que permita configurar el citado delito. Sencillamente, el juez José Blas Hernández actuó pensando en su carrera judicial o estimulado por las gratificaciones del presente.
En el caso de Atenco, como en el de Carlos Ahumada, la actuación de la judicatura ocurre leyendo mal el libro de la ley, pero ignorando, lo que es peor, el clima de desasosiego social que produce la actuación del juez. Ni un solo policía ha sido castigado por la brutalidad y los excesos punibles en los que incurrieron las mal llamadas fuerzas del orden. El Estado, tan incapaz de ofrecer salidas políticas a los conflictos como de dar una adecuada preparación a los policías, opta por proteger la sevicia, los abusos sexuales y las humillaciones de todo orden contra la población, especialmente en la persona de los detenidos, pues luego vendrán los "procuradores de justicia" y los jueces, para redondear la canallada.
Esa misma "justicia" es la que se niega a aceptar la apertura de los paquetes electorales porque, según dice el magistrado Salvador Nava, las boletas son documentos públicos, pero no deben ser conocidos por el público, lo que constituye un insulto a la inteligencia de los mexicanos. Lejos de legitimar el proceso de julio pasado, el celo con que se oculta la información se presta a la sospecha y fortalece las hipótesis que atribuyen a un fraude la llegada de Felipe Calderón a la Presidencia.
Esa es la justicia mexicana, que por cierto tiene cientos de presos por motivos políticos, lo que parecía cosa del pasado. Y luego se dicen sorprendidos por la indignación de una sociedad que no halla vías legales para sus querellas.
La justicia, ahumada, sucia
Humberto Musacchio
El aparente dueño del equipo de futbol León es la persona que mandó colocar cámaras y micrófonos en su estadio, para espiar a los equipos contrarios, lo que no fue objeto de sanción
La liberación de Carlos Ahumada está lejos de ser un acto ordinario del aparato judicial. Es la muestra de que la "justicia" mexicana es una de las mayores vergüenzas de un país humillado por los dueños del poder y del dinero, es un ejemplo más de la impunidad con que actúan las autoridades panistas y sus servidores.
Salido de los bajos fondos del mundo empresarial, Carlos Ahumada se ha caracterizado por su desprecio a la ley y a las personas. Al amparo de Vicente Fox, quien estaba empeñado en impedir a cualquier precio la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de la República, Ahumada cometió innumerables tropelías, algunas de las cuales recordó ayer un periódico insospechable de simpatizar con el PRD.
Ahumada —dice Reforma—, el aparente dueño del equipo de futbol León, es la persona que mandó colocar cámaras y micrófonos en su estadio, para espiar a los equipos contrarios, lo que no fue objeto de sanción. Igualmente, sus pistoleros tomaron por asalto las instalaciones del club Irapuato, de Primera A, para forzar un cambio de estadio. No hubo autoridad que quisiera intervenir.
Esas dos perlas del grueso expediente de Ahumada lo muestran como un rufián, pero en el Distrito Federal cumplía una sentencia por fraude genérico en perjuicio de dos delegaciones, Tláhuac y Gustavo A. Madero. Pese a todo, hace unos días fue cambiado el juez que veía el caso y, el juzgador entrante, Alberto Rubalcava, desechó las pruebas y lo declaró inocente.
Ahora, los antiperredistas de siempre señalan a Ahumada como una víctima de López Obrador, un mártir de la insidia izquierdosa al que han decidido elevar a los altares de la impunidad, ante los cuales esperan que nuevamente oficie fray Diego de Fernández y Cevallos. Para esa hueste, la extensa confesión de Ahumada rendida a los servicios de inteligencia de Cuba es asunto olvidado. Pero, cuidado: pueden llevarse una sorpresa si en La Habana deciden dar a conocer las partes de la confesión que hasta ahora tienen guardadas y en las cuales, presumiblemente, aparecerán los nombres de quienes protegieron al inescrupuloso empresario.
Para las autoridades de todo orden debiera ser preocupante la manera en que Ahumada amasó una colosal fortuna. Cabría que se preguntaran de dónde le llegaron esos fondos inagotables que le permitían comprar empresas, cooptar políticos y contar incluso con avión propio. En un país donde el narcotráfico maneja cantidades rockefellerianas, la autoridad encargada de investigar esas cosas debería estar preocupada. Pero no es así.
Si sólo fuera la liberación de Ahumada, el asunto muy bien podría atribuirse a un juez descuidado o ligero en sus determinaciones. Lamentablemente, se amontonan los desatinos y abusos del aparato impartidor de justicia y en la esfera oficial todo el mundo lo considera como algo "normal", quizá porque en México no hemos conocido otra cosa más que el atropello, la prepotencia y el enriquecimiento nunca explicado de los juzgadores.
Sin embargo, lo cierto es que del ámbito de los togados salen olores desagradables. Véase por ejemplo la sentencia infame contra Ignacio del Valle y otros presos por lo sucedido en San Salvador Atenco en febrero de 2006, sobre los cuales recayeron sentencias hasta de 67 años por la retención indebida de empleados públicos, pero no secuestro, pues no medió la petición de rescate ni se emplearon armas de fuego ni hubo nada que permita configurar el citado delito. Sencillamente, el juez José Blas Hernández actuó pensando en su carrera judicial o estimulado por las gratificaciones del presente.
En el caso de Atenco, como en el de Carlos Ahumada, la actuación de la judicatura ocurre leyendo mal el libro de la ley, pero ignorando, lo que es peor, el clima de desasosiego social que produce la actuación del juez. Ni un solo policía ha sido castigado por la brutalidad y los excesos punibles en los que incurrieron las mal llamadas fuerzas del orden. El Estado, tan incapaz de ofrecer salidas políticas a los conflictos como de dar una adecuada preparación a los policías, opta por proteger la sevicia, los abusos sexuales y las humillaciones de todo orden contra la población, especialmente en la persona de los detenidos, pues luego vendrán los "procuradores de justicia" y los jueces, para redondear la canallada.
Esa misma "justicia" es la que se niega a aceptar la apertura de los paquetes electorales porque, según dice el magistrado Salvador Nava, las boletas son documentos públicos, pero no deben ser conocidos por el público, lo que constituye un insulto a la inteligencia de los mexicanos. Lejos de legitimar el proceso de julio pasado, el celo con que se oculta la información se presta a la sospecha y fortalece las hipótesis que atribuyen a un fraude la llegada de Felipe Calderón a la Presidencia.
Esa es la justicia mexicana, que por cierto tiene cientos de presos por motivos políticos, lo que parecía cosa del pasado. Y luego se dicen sorprendidos por la indignación de una sociedad que no halla vías legales para sus querellas.
domingo, 6 de mayo de 2007
GUERRA PERDIDA
Reforma, 5 de mayo de 2007
El costo del narco
Rafael Ruiz Harrell
Es dolorosamente claro que la lucha contra el narco, o para ser más preciso, la lucha contra el crimen organizado, está perdida sin remedio. El perdedor no sólo es el gobierno mexicano, sino los gobiernos de todos los países del mundo. La razón es evidente y la misma en todos los casos: quizá pueda ganarse una batalla con valor y arrojo, pero las guerras se ganan con dinero y el crimen organizado pude dedicar más recursos a prosperar y permanecer vivo que los gobiernos del planeta a combatirlo. Reitero algunas cifras que di en este espacio el pasado 13 de enero: hace cinco años el crimen organizado a nivel mundial ganaba año con año una cantidad superior al producto interno bruto conjunto de Inglaterra y Francia; representaba el 80 por ciento del de Japón y el 40 por ciento del de Estados Unidos. Hoy estas proporciones deben haber aumentado porque el crimen organizado ha crecido más que la economía mundial.
La posibilidad que tiene México de perder no es mayor que la de otros países, como EU o Brasil, pero es más lo que tiene que perder porque, proporcionalmente, ha invertido más en esta guerra. La inversión decisiva la hizo Felipe Calderón pocos días antes de rendir su protesta y fue política. Decidió entonces que la lucha contra el narco tendría como eje central al Ejército Mexicano y la PGR pasaría a ocupar un lugar secundario. Varios factores influyeron en tan errónea decisión, pero sin duda el de mayor peso fue la constante presión estadounidense exigiéndole a nuestro país que frenara el tráfico de drogas. Colaboró a esto el hecho de que, efectivamente, no se estaba obteniendo ningún triunfo sonado contra el narco, situación que era y seguirá siendo común a muchos otros países. Un ejemplo: los 30 mil millones de dólares invertidos por EU en Colombia en los últimos cinco años para disminuir el tráfico de cocaína, no se han traducido en un solo gramo menos.
El error de la decisión no estuvo en que Calderón vinculara su gobierno al ejército, sino en que a sabiendas de que no puede ganar la guerra contra el narco, vinculara la legitimidad de su gobierno a los logros, los fracasos y los costos de lanzar al ejército a esa guerra. La legitimidad del actual presidente, tildada de origen de fraude electoral, tenía un terreno muy corto para moverse y lograr salir de ahí. Eligió para dar el brinco no sólo uno de los problemas nacionales más importantes -el de la seguridad pública-, sino uno en el que podía usarse la fuerza sin necesidad de llegar a acuerdos con otros partidos y, con un poco de suerte, hasta obtener algunos resultados lucidores. Lo que Calderón no consideró, pero ha venido aprendiendo, es que el crimen no disminuye por decisión presidencial y los favores del ejército no son gratuitos y hay que pagarlos con aumentos diez veces superiores a los del salario mínimo; privilegios, apapachos y honores que incluyen la impunidad ante la acusación de que intervinieron en delitos del orden común, y la declaración de que son héroes si murieron en una emboscada.
Además de esta peligrosa asociación -que puede engullirse a Calderón con toda nuestra incipiente democracia-, el actual Presidente quiere que los responsables de procurar justicia tengan en todos los casos las mismas facultades de acción e investigación de quienes están encargados de procesar a los miembros del crimen organizado. A esta noción se debe otro error imperdonable: aunque todo mundo sabe que el cuello de botella se encuentra en las inagotables facultades que se le han concedido a los agentes del ministerio público, Calderón, ciego con el narco, quiere darles más todavía. El paquete de reformas que envió al Senado revela claramente esta necedad. Ordenar arrestos, autorizar cateos, decomisos de bienes que parezcan ilegítimos e intervenir teléfonos, todo esto sin la autorización previa de un juez, son parte de estas linduras.
Es muy posible que en los cinco meses que lleva su administración, Calderón ya se haya gastado varios miles de millones de dólares en la lucha contra el narco. Curiosamente eso es lo de menos, porque a la hora de contabilizar las pérdidas, pesarán mucho más las inversiones políticas que está haciendo: el haber hecho a su gobierno dependiente de las fuerzas militares; el haber envilecido nuestro sistema de derecho con disposiciones propias de estados autoritarios; el habernos impuesto autoridades incapaces de procurar justicia, pero plenamente facultadas para defender los intereses del gobierno -que sólo por verdadera excepción coinciden con los nuestros.
Lo que hace imperdonables a estos errores es que la única justificación que podría hacerlos perdonables es que fueron hechos con el hipotético fin de ganar una guerra que, como todos saben, está perdida de antemano.
Calderón no va a reducir las actividades del crimen organizado ni los delitos del orden común. No sirven para ello ni los militares ni autoridades facultadas para actuar en contra de las garantías constitucionales. Limitar la guerra contra el narco a lo que podemos seguir perdiendo -y sabemos que vamos a perder-, es razonable y urgente. Ojalá y Calderón llegue a entenderlo antes de que haya perdido lo que le resta de legitimidad.
Correo electrónico: ruizharrell@gmail.com
El costo del narco
Rafael Ruiz Harrell
Es dolorosamente claro que la lucha contra el narco, o para ser más preciso, la lucha contra el crimen organizado, está perdida sin remedio. El perdedor no sólo es el gobierno mexicano, sino los gobiernos de todos los países del mundo. La razón es evidente y la misma en todos los casos: quizá pueda ganarse una batalla con valor y arrojo, pero las guerras se ganan con dinero y el crimen organizado pude dedicar más recursos a prosperar y permanecer vivo que los gobiernos del planeta a combatirlo. Reitero algunas cifras que di en este espacio el pasado 13 de enero: hace cinco años el crimen organizado a nivel mundial ganaba año con año una cantidad superior al producto interno bruto conjunto de Inglaterra y Francia; representaba el 80 por ciento del de Japón y el 40 por ciento del de Estados Unidos. Hoy estas proporciones deben haber aumentado porque el crimen organizado ha crecido más que la economía mundial.
La posibilidad que tiene México de perder no es mayor que la de otros países, como EU o Brasil, pero es más lo que tiene que perder porque, proporcionalmente, ha invertido más en esta guerra. La inversión decisiva la hizo Felipe Calderón pocos días antes de rendir su protesta y fue política. Decidió entonces que la lucha contra el narco tendría como eje central al Ejército Mexicano y la PGR pasaría a ocupar un lugar secundario. Varios factores influyeron en tan errónea decisión, pero sin duda el de mayor peso fue la constante presión estadounidense exigiéndole a nuestro país que frenara el tráfico de drogas. Colaboró a esto el hecho de que, efectivamente, no se estaba obteniendo ningún triunfo sonado contra el narco, situación que era y seguirá siendo común a muchos otros países. Un ejemplo: los 30 mil millones de dólares invertidos por EU en Colombia en los últimos cinco años para disminuir el tráfico de cocaína, no se han traducido en un solo gramo menos.
El error de la decisión no estuvo en que Calderón vinculara su gobierno al ejército, sino en que a sabiendas de que no puede ganar la guerra contra el narco, vinculara la legitimidad de su gobierno a los logros, los fracasos y los costos de lanzar al ejército a esa guerra. La legitimidad del actual presidente, tildada de origen de fraude electoral, tenía un terreno muy corto para moverse y lograr salir de ahí. Eligió para dar el brinco no sólo uno de los problemas nacionales más importantes -el de la seguridad pública-, sino uno en el que podía usarse la fuerza sin necesidad de llegar a acuerdos con otros partidos y, con un poco de suerte, hasta obtener algunos resultados lucidores. Lo que Calderón no consideró, pero ha venido aprendiendo, es que el crimen no disminuye por decisión presidencial y los favores del ejército no son gratuitos y hay que pagarlos con aumentos diez veces superiores a los del salario mínimo; privilegios, apapachos y honores que incluyen la impunidad ante la acusación de que intervinieron en delitos del orden común, y la declaración de que son héroes si murieron en una emboscada.
Además de esta peligrosa asociación -que puede engullirse a Calderón con toda nuestra incipiente democracia-, el actual Presidente quiere que los responsables de procurar justicia tengan en todos los casos las mismas facultades de acción e investigación de quienes están encargados de procesar a los miembros del crimen organizado. A esta noción se debe otro error imperdonable: aunque todo mundo sabe que el cuello de botella se encuentra en las inagotables facultades que se le han concedido a los agentes del ministerio público, Calderón, ciego con el narco, quiere darles más todavía. El paquete de reformas que envió al Senado revela claramente esta necedad. Ordenar arrestos, autorizar cateos, decomisos de bienes que parezcan ilegítimos e intervenir teléfonos, todo esto sin la autorización previa de un juez, son parte de estas linduras.
Es muy posible que en los cinco meses que lleva su administración, Calderón ya se haya gastado varios miles de millones de dólares en la lucha contra el narco. Curiosamente eso es lo de menos, porque a la hora de contabilizar las pérdidas, pesarán mucho más las inversiones políticas que está haciendo: el haber hecho a su gobierno dependiente de las fuerzas militares; el haber envilecido nuestro sistema de derecho con disposiciones propias de estados autoritarios; el habernos impuesto autoridades incapaces de procurar justicia, pero plenamente facultadas para defender los intereses del gobierno -que sólo por verdadera excepción coinciden con los nuestros.
Lo que hace imperdonables a estos errores es que la única justificación que podría hacerlos perdonables es que fueron hechos con el hipotético fin de ganar una guerra que, como todos saben, está perdida de antemano.
Calderón no va a reducir las actividades del crimen organizado ni los delitos del orden común. No sirven para ello ni los militares ni autoridades facultadas para actuar en contra de las garantías constitucionales. Limitar la guerra contra el narco a lo que podemos seguir perdiendo -y sabemos que vamos a perder-, es razonable y urgente. Ojalá y Calderón llegue a entenderlo antes de que haya perdido lo que le resta de legitimidad.
Correo electrónico: ruizharrell@gmail.com
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