JUSTICIA MEXICANA = ASQUEROSO CHIQUERO

Nuevo Excélsior, 10 de mayo de 2007

La justicia, ahumada, sucia
Humberto Musacchio

El aparente dueño del equipo de futbol León es la persona que mandó colocar cámaras y micrófonos en su estadio, para espiar a los equipos contrarios, lo que no fue objeto de sanción

La liberación de Carlos Ahumada está lejos de ser un acto ordinario del aparato judicial. Es la muestra de que la "justicia" mexicana es una de las mayores vergüenzas de un país humillado por los dueños del poder y del dinero, es un ejemplo más de la impunidad con que actúan las autoridades panistas y sus servidores.

Salido de los bajos fondos del mundo empresarial, Carlos Ahumada se ha caracterizado por su desprecio a la ley y a las personas. Al amparo de Vicente Fox, quien estaba empeñado en impedir a cualquier precio la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de la República, Ahumada cometió innumerables tropelías, algunas de las cuales recordó ayer un periódico insospechable de simpatizar con el PRD.

Ahumada —dice Reforma—, el aparente dueño del equipo de futbol León, es la persona que mandó colocar cámaras y micrófonos en su estadio, para espiar a los equipos contrarios, lo que no fue objeto de sanción. Igualmente, sus pistoleros tomaron por asalto las instalaciones del club Irapuato, de Primera A, para forzar un cambio de estadio. No hubo autoridad que quisiera intervenir.

Esas dos perlas del grueso expediente de Ahumada lo muestran como un rufián, pero en el Distrito Federal cumplía una sentencia por fraude genérico en perjuicio de dos delegaciones, Tláhuac y Gustavo A. Madero. Pese a todo, hace unos días fue cambiado el juez que veía el caso y, el juzgador entrante, Alberto Rubalcava, desechó las pruebas y lo declaró inocente.

Ahora, los antiperredistas de siempre señalan a Ahumada como una víctima de López Obrador, un mártir de la insidia izquierdosa al que han decidido elevar a los altares de la impunidad, ante los cuales esperan que nuevamente oficie fray Diego de Fernández y Cevallos. Para esa hueste, la extensa confesión de Ahumada rendida a los servicios de inteligencia de Cuba es asunto olvidado. Pero, cuidado: pueden llevarse una sorpresa si en La Habana deciden dar a conocer las partes de la confesión que hasta ahora tienen guardadas y en las cuales, presumiblemente, aparecerán los nombres de quienes protegieron al inescrupuloso empresario.

Para las autoridades de todo orden debiera ser preocupante la manera en que Ahumada amasó una colosal fortuna. Cabría que se preguntaran de dónde le llegaron esos fondos inagotables que le permitían comprar empresas, cooptar políticos y contar incluso con avión propio. En un país donde el narcotráfico maneja cantidades rockefellerianas, la autoridad encargada de investigar esas cosas debería estar preocupada. Pero no es así.

Si sólo fuera la liberación de Ahumada, el asunto muy bien podría atribuirse a un juez descuidado o ligero en sus determinaciones. Lamentablemente, se amontonan los desatinos y abusos del aparato impartidor de justicia y en la esfera oficial todo el mundo lo considera como algo "normal", quizá porque en México no hemos conocido otra cosa más que el atropello, la prepotencia y el enriquecimiento nunca explicado de los juzgadores.

Sin embargo, lo cierto es que del ámbito de los togados salen olores desagradables. Véase por ejemplo la sentencia infame contra Ignacio del Valle y otros presos por lo sucedido en San Salvador Atenco en febrero de 2006, sobre los cuales recayeron sentencias hasta de 67 años por la retención indebida de empleados públicos, pero no secuestro, pues no medió la petición de rescate ni se emplearon armas de fuego ni hubo nada que permita configurar el citado delito. Sencillamente, el juez José Blas Hernández actuó pensando en su carrera judicial o estimulado por las gratificaciones del presente.

En el caso de Atenco, como en el de Carlos Ahumada, la actuación de la judicatura ocurre leyendo mal el libro de la ley, pero ignorando, lo que es peor, el clima de desasosiego social que produce la actuación del juez. Ni un solo policía ha sido castigado por la brutalidad y los excesos punibles en los que incurrieron las mal llamadas fuerzas del orden. El Estado, tan incapaz de ofrecer salidas políticas a los conflictos como de dar una adecuada preparación a los policías, opta por proteger la sevicia, los abusos sexuales y las humillaciones de todo orden contra la población, especialmente en la persona de los detenidos, pues luego vendrán los "procuradores de justicia" y los jueces, para redondear la canallada.

Esa misma "justicia" es la que se niega a aceptar la apertura de los paquetes electorales porque, según dice el magistrado Salvador Nava, las boletas son documentos públicos, pero no deben ser conocidos por el público, lo que constituye un insulto a la inteligencia de los mexicanos. Lejos de legitimar el proceso de julio pasado, el celo con que se oculta la información se presta a la sospecha y fortalece las hipótesis que atribuyen a un fraude la llegada de Felipe Calderón a la Presidencia.

Esa es la justicia mexicana, que por cierto tiene cientos de presos por motivos políticos, lo que parecía cosa del pasado. Y luego se dicen sorprendidos por la indignación de una sociedad que no halla vías legales para sus querellas.