EL MAESTRO PONE EN SU LUGAR A LOS PAYASITOS COLOMBIANOS

Excélsior, jueves 04 de octubre de 2007

Y ahora, injerencia colombiana
Humberto Musacchio

Las autoridades colombianas han hecho un modus vivendi del presunto combate al narcotráfico y a la guerrilla, pues con ese pretexto reciben “ayuda” económica y militar de Estados Unidos

Para el señor Luis Eduardo Garzón, alcalde de Bogotá, en la capital mexicana “no ha mejorado la percepción de seguridad, elemento fundamental para atraer inversión extranjera y proporcionar tranquilidad”, por lo que recomienda evitar las políticas asistencialistas, pues los gobernantes no son “la madre Teresa de Calcuta ni se trata de repartir leche o pan”. De ahí que, en lugar de repartir vales de despensa, aconseje crear “huertas caseras o una red alimentaria” (Excélsior, 3/X/07).

Las recomendaciones de Garzón, como esa de crear huertas caseras en una urbe como la nuestra, darían risa de no tener un trasfondo injerencista y mentiroso. El señor alcalde, en lugar de repartir consejos, bien podría empezar por su casa, pues si bien es cierto que en el centro de Bogotá hay una relativa seguridad, sobre todo por las parejas de guardias con ametralladoras situadas cada media cuadra, lo cierto es que las barriadas pobres viven bajo el terror de las mafias y las zonas ricas deben contar con alarmas, guardias privados y otros recursos, para darse la protección que el gobierno es incapaz de proporcionar.

Contra lo que él cree, el señor Garzón sí se parece a Teresa de Calcuta, en cuyos hospitales no se administraban analgésicos a los enfermos, en la idea de que debían sufrir para ganar el cielo. Es lo mismo que negarse a aplicar políticas asistenciales en países donde las mayorías sociales deben soportar su miseria para ganar el favor del Altísimo.

Otra muestra de esa actitud metiche la dio un tal Mario Iguarán Arana, fiscal general de aquel sufrido país sudamericano, quien habló de “agentes encubiertos” colombianos “que se infiltran y operan en México” y aun se dan el lujo de venir con los cargamentos de cocaína que llegan de Colombia, de todo lo cual “el gobierno del presidente Felipe Calderón está enterado y avala las prácticas de inteligencia colombiana” (La Jornada, 2/X/07).

Para no ser menos, Francisco Santos Calderón, vicepresidente de Colombia —sí, vicepresidente de esa República—, confirmó lo dicho por el fiscal (equivalente al titular de la PGR de aquí) y, de su cosecha, sin aportar prueba alguna, declaró que había nexos entre los narcotraficantes mexicanos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, las cuales, dijo, “controlan buena parte de la producción de cocaína en territorio colombiano” y se disputan el control del mercado de la droga, en aquel país, con el llamado cártel del Valle.

Las tonterías del señor Santos Calderón no pararon ahí. En otro momento declaró que “el aparato” de las FARC “está muy metido en un centro de estudios, en muchas organizaciones, no sé cómo llamarlas, de investigación, cosas que tienen un nombre muy rimbombante, pero donde se discute la realidad latinoamericana, se apoya la lucha armada, la lucha de clases”.

De modo que, según Santos Calderón, es un delito trabajar en un centro de investigación donde se estudia la realidad latinoamericana. De ahí, brillante como es, el señor vicepresidente deduce que en lugares como ese centro se apoya la lucha armada, tal vez mediante el lanzamiento de libros a la cabeza de seres tan ignorantes como él, quienes creen que la lucha de clases es una especie de estufa a la que basta con echarle combustible.

Las acusaciones de tan encumbrados funcionarios colombianos son gravísimas y obligan al gobierno mexicano a exigir pruebas, lo que no hará porque los funcionarios de la administración panista compiten en ignorancia e ineptitud con sus homólogos colombianos, con los que, para colmo, ya expresaron coincidencia en sus indemostrables hipótesis.

No debería sorprender la desfachatez de esos indignos representantes de un pueblo por muchas razones entrañable para los mexicanos. Las autoridades colombianas han hecho un modus vivendi del presunto combate al narcotráfico y a la guerrilla, pues con ese pretexto reciben “ayuda” económica y militar de Estados Unidos, la que alimenta frecuentes escándalos de corrupción.
Los citados funcionarios carecen de autoridad moral o política para andar repartiendo consejos. Más de la mitad del territorio colombiano vive al margen del Estado. En algunas regiones manda el narcotráfico, en otras el bandolerismo paramilitar creado y pagado por los gobiernos de ese país y, en amplias zonas, lo que existe es un Estado algo más que embrionario dirigido por las FARC.

La acusación de que las FARC y el narcotráfico son lo mismo o participan de negocios semejantes no es sino el pretexto para negarse a negociar el canje de prisioneros propuesto por la guerrilla y en principio aceptado por el gobierno de Álvaro Uribe, canje que, también con la aceptación de las partes, tiene como mediador a Hugo Chávez, el presidente constitucional de Venezuela. El gobierno colombiano hará todo lo posible por sabotear ese acuerdo, pues sería el primer paso para la reconciliación nacional y la paz, una paz que anhela el pueblo colombiano, pero acabaría con los negocios de la oligarquía. Ese es el problema.