¡UY QUE MIEDO!

15 de mayo de 2008. Diario Excélsior.

El "Ya basta" de Calderón y los hechos
Humberto Musacchio

Notoriamente irritado, pues incluso golpeó el atril desde el cual hablaba, Felipe Calderón demandó a los ciudadanos que "no sean cómplices de la ilegalidad", responsabilizó a los medios de comunicación de compartir "la estrategia de sembrar el terror", anunció que él no se sumará "al abandono, la cobardía o la complicidad que permitieron que México llegara a esta situación" y calificó de "inaceptable" que los jueces propicien la impunidad al liberar a delincuentes.

Las gravísimas acusaciones implícitas en las palabras del michoacano merecen algunas precisiones. Para empezar, a los ciudadanos "cómplices de la ilegalidad" el Estado debe perseguirlos y castigarlos, pues para eso dispone de policías, agentes del Ministerio Público, jueces y cárceles.

Sin embargo, más allá de que el Estado deba hacer su tarea, cabe aclarar que los ciudadanos no son "cómplices de la ilegalidad", sino víctimas de ella y con frecuencia víctimas también de los abusos, la prepotencia y el autoritarismo de quienes deben combatir la ilegalidad, como lo muestra en forma fehaciente el hecho de que en cada una de las grandes operaciones contra la delincuencia haya particulares que son víctimas de allanamientos, golpes, detenciones arbitrarias y otras vejaciones. Pero si en la cúspide de la pirámide estatal se tilda a los ciudadanos de "cómplices de la ilegalidad", poco podrá exigirse a policías y militares que abusan de la población civil.

"El ya basta —quiso aclarar el habitante de Los Pinos— es también una exigencia a los medios de comunicación , precisamente, para que manifiesten y divulguen las acciones que están, precisamente, deteniendo la estructura de los criminales, para que no se convierta la estrategia de los criminales, que es una estrategia que busca sembrar terror, en una estrategia compartida por los propios medios de comunicación" (Excélsior, 13/V/08).

La "exigencia" parece superflua, pues los medios difunden —esa es su función— las acciones gubernamentales contra la delincuencia, de ahí que resulte incomprensible el exhorto de Calderón a unirse a la campaña contra el crimen, pues, hasta donde se sabe, no hay medios que hagan la apología de la violencia ilegal, sino que en todos los casos se le condena y se exige, eso sí, porque es un derecho, que las acciones del Estado sean eficaces para evitar, entre otras cosas, que más periodistas resulten "desaparecidos", acallados o asesinados.

De mayores consecuencias puede ser aquello de que "no nos vamos a sumar al abandono, a la cobardía o a la complicidad que permitieron que México llegara a esta situación". Se trata de una gravísima acusación en contra de quienes precedieron a Calderón al frente de las instituciones. Por supuesto, ya se ha señalado la abulia con que procedió o dejó de proceder Vicente Fox contra el auge delictivo y lo mismo puede decirse del inepto Ernesto Zedillo y aun de su antecesor.

Dicho de otra manera, Felipe Calderón acusa implícitamente a sus antecesores de haber abandonado la lucha contra el crimen, por cobardes o, peor aún, por ser cómplices de la delincuencia. Ni más ni menos. Sin embargo, priistas y panistas no se han dado por enterados y con su silencio aprueban lo dicho por el ocupante del Ejecutivo.

Por último, la referencia presidencial a los jueces que dejan en libertad a delincuentes tiene consenso. Muchos ciudadanos creen, sospechan o saben, por experiencia propia, que los jueces mexicanos, con las excepciones del caso, distan de ser justos, calificados y honestos.

Recientemente se publicó un dato que debería horrorizarnos, pues cerca de la tercera parte de los presos del país son inocentes, están sin juicio o el que se les sigue tiene ya varios años. Y mientras eso sucede, los verdaderos transgresores de la ley salen con una facilidad que espanta.

Calderón incluso citó el caso de un asesino de policías que estuvo preso tres veces y otras tantas quedó en libertad. Sobra decirlo, pero una campaña del Ejecutivo contra los jueces deshonestos contaría con un enorme apoyo social. Para empezar, convendría hacer las reformas necesarias con el fin de que todo juzgador esté sujeto permanentemente a auditoría y se castigue muy rigurosamente a los jueces enriquecidos en el cargo y aun a sus parientes que no demuestren el origen lícito de sus fortunas.

La podredumbre del aparato de impartición de justicia requiere acciones drásticas que dispongan de amplio consenso político y no sólo medidas cosméticas al estilo de Ernesto Zedillo, cuya única ocurrencia fue dejarnos un mes sin Suprema Corte.

Pero la batalla contra la delincuencia y la corrupción tiene que empezar por la propia casa. Mientras se solape la prevaricación y se proteja a quienes confunden la función pública y el interés privado, los ciudadanos desconfiarán de los llamados a participar en una guerra a la que van sin protección. Se requieren pruebas de que existe la disposición de combatir el enriquecimiento, el contratismo y el tráfico de influencias de altísimos funcionarios de esta administración. Por ahí hay que empezar