Miguel Ángel Granados Chapa
Lydia Cacho: de diciembre a diciembre
Edith Encalada ha demandado en la Ciudad de México a Lydia Cacho por daño moral, ya que a su juicio la autora y la editorial que publicó el libro actuaron ilícitamente al incluir su fotografía y su testimonio en esa obra
Un año después de haber sido aprehendida en Cancún y trasladada a Puebla, la periodista Lydia Cacho se halla sujeta todavía al juicio penal que causó su detención y enfrenta otro de naturaleza civil y extraño origen. Edith Encalada, que siendo niña fue una de las víctimas de Jean Succar Kuri, lo denunció y después se desdijo de su acusación, ha demandado en la Ciudad de México a la autora de Los demonios del edén, cuyo subtítulo es el poder que protege a la pornografía infantil, por daño moral, ya que a su juicio la autora y la editorial Random House Mondadori (Grijalbo) actuaron ilícitamente al publicar su fotografía y su testimonio en esa obra. Por ello demanda una indemnización que "no podrá ser inferior... al 40 por ciento del precio de venta al público" de ese libro, más otra suma porque esa publicación afectó sus sentimientos, afectos, decoro, honor, reputación y vida privada.
Fundadora de un centro de protección a mujeres víctimas de violencia en Cancún, donde se ha atendido a alrededor de 700 afectadas por año, desde hace cinco, Lydia Cacho incluyó el caso de Encalada en su investigación sobre pederastia y pornografía infantil al haberlo conocido por diversas publicaciones a partir de 2003, mismas que incluyeron las fotografías que ahora incomodan a la demandante. La periodista publicó su libro en marzo de 2005 y a mediados de año Kamel Nacif la denunció por difamación y calumnia en Puebla, donde radica El rey de la mezclilla. La acusación quedó inactiva durante meses, porque al denunciante no preocupaba su reputación sino eventualmente manejar ese expediente en beneficio de su protegido y amigo Succar Kuri, a la sazón preso en Arizona, mientras se defendía de ser extraditado a México para responder de los hechos narrados en Los demonios del edén.
Precisamente necesidades procesales de Succar Kuri hicieron que la denuncia de Nacif adquiriera velocidad en diciembre pasado. Lydia Cacho fue virtualmente secuestrada el 16 de diciembre de 2005 y llevada a Puebla, donde se le dictó auto de formal prisión por los delitos de que se le acusaba. La rápida difusión de su captura impidió que se le hiciera padecer mucho más que el comienzo de un proceso penal que paulatinamente perdió su fuerza. Primero se eliminó el delito de calumnia y luego el juicio fue trasladado a Quintana Roo en enero de este año. Allí sería ventilado con extrema parsimonia, al punto de que sólo el 29 de septiembre, hace menos de tres meses, se realizó el careo entre las partes, un momento especialmente difícil para la periodista por la brutal arrogancia con que pese a todo se conduce su acusador. El 4 de octubre el juez penal de Cancún que conocía la causa se declaró incompetente para seguir tramitándola, porque el delito presuntamente se produjo en la Ciudad de México, domicilio de la editorial. El traslado del caso al Distrito Federal traería consigo la libertad de Lydia Cacho, porque desde mayo anterior desapareció del código penal capitalino la difamación y no hay, por lo tanto, delito que perseguir. Pero una sospechosamente lenta burocracia judicial ha demorado el envío y recepción del sumario, por lo que el juicio penal sigue su curso, lo que significa que la periodista sigue estando libre bajo caución, es decir formalmente presa.
A mediados de febrero quedó evidenciada la complicidad de Nacif con el gobernador de Puebla, Mario Marín, de que se tenían indicios producidos en diciembre mismo, el mes de la arbitraria detención. Fueron conocidas conversaciones telefónicas entre ambos, grabadas subrepticiamente, donde quedaba clara la trama en que Marín, llamado góber precioso por su interlocutor, aparecía como un solícito y eficaz cumplidor de los deseos del empresario textil. A partir de esa y otras grabaciones, Lydia Cacho presentó denuncia penal ante la Procuraduría General de la República en marzo pasado, contra los conversadores y contra funcionarios y empleados del gobierno poblano inmiscuidos en la violación de los derechos de la periodista, entre ellos la procuradora de Justicia del estado, Blanca Laura Villeda. A pesar (esperemos que no a causa) de que dos fiscalías especializadas, una en delitos contra periodistas y otra en delitos contra mujeres (que en ambas especies cabe el caso), se han ocupado del asunto, nueve meses después no se ha producido ningún resultado, no se ha consignado a ninguno de los implicados.
La contundencia de las revelaciones de febrero hizo que las Cámaras de diputados y senadores solicitaran a la Suprema Corte de Justicia, en abril, la práctica de una pesquisa permitida por la Constitución (artículo 97) pero muy raramente abordada por el tribunal, que en ese caso no actúa con ese carácter sino como órgano investigador de violación a garantías individuales. La Corte comisionó para realizar la indagación, el 18 de abril, a los magistrados Emma Meza Fonseca y Óscar Vázquez Marín, que presentaron sus conclusiones al comenzar septiembre. El documento hubiera dado lugar a la exoneración de Marín de no ser porque insatisfizo a la mayoría de los ministros, que ordenaron la reanudación de la pesquisa sin dejar de lado al gobernador mismo sino al contrario concentrando en él su atención. El resultado de la nueva investigación será turnado al ministro J. Jesús Gudiño Pelayo para emitir un nuevo proyecto de resolución. Eventualmente el ministro podría declinar ese encargo si dentro de 15 días fuera elegido presidente de la Corte, cargo en pos del cual caminan él y cinco compañeros suyos. No obstante la cierta descalificación que significó el rechazo del reporte inicial, uno de sus autores, Vázquez Marín, fue premiado por el pleno de la Corte al elegirlo miembro del Consejo de la Judicatura.
En septiembre, poco antes de la resolución de la Corte, una nueva tanda de conversaciones telefónicas corroboró el talante del acusador de Lydia Cacho, y mostró sus nexos con otros políticos de mediano y alto rango. La difusión de esas charlas fue atribuida por El rey de la mezclilla a su ex esposa, la señora Irma Benavides, lo que a su vez permitió arrojar luz sobre el conflicto entre ambos a causa de su divorcio, y sobre el carácter y fama pública de Nacif. El 15 de noviembre, su protegido y amigo Succar Kuri, extraditado a México en julio anterior, fue trasladado del frágil penal de Cancún al de alta seguridad del Altiplano (como se llama ahora el de La Palma, en Almoloya de Juárez).
El episodio más reciente en esta odisea infernal de Lydia Cacho parece estar vinculado con esa transferencia del presunto pederasta a una cárcel de alta seguridad, la que induciría al protector y al protegido a buscar nuevas formas de hostigamiento a Lydia Cacho, para hacerle pagar los múltiples perjuicios que la difusión de sus tropelías les ha provocado. La demanda civil por daño moral no parece espontánea ni está bien fundada. En 2003 se hicieron muchas publicaciones sobre el caso de Edith Encalada y otras niñas atacadas por Succar Kuri. Esa joven narró su historia en la televisión tiempo antes de confiársela a Lydia Cacho en su condición de periodista, no de presidenta del centro de atención a mujeres, donde ella no realiza funciones específicas de terapeuta ni sicóloga. Antes de que el libro apareciera, Edith había multiplicado el relato de sus peripecias ante muchos entrevistadores. Tampoco es congruente la demanda civil con la actitud de Encalada, que a fines del año pasado agradeció a la autora el haber escrito el libro donde se expone su caso.
En su demanda, que busca tramitar conforme a la legislación del derecho de autor y conforme a la norma sobre daño moral contenida en el código civil (siendo que está en vigor desde mayo la ley de defensa del honor), Encalada afirma que Lydia Cacho "siempre se ostentó ante mí como directora de la... asociación civil Centro Integral de Atención a la Mujer (CIAM) y no como periodista o escritora, y precisamente su actuación ante mí fue la de una representante de un organismo defensor de los derechos humanos, preocupada por mi situación, por lo que la suscrita nunca la consideró como periodista o escritora, ni le di ningún dato que pudiera implicar mi autorización para hacer públicos los hechos relacionados con dichas averiguaciones previas, parte del contenido de las mismas o fotografías o imágenes de la suscrita".
Reforma. Fecha de publicación: 17-Dic-2006
Lydia Cacho: de diciembre a diciembre
Edith Encalada ha demandado en la Ciudad de México a Lydia Cacho por daño moral, ya que a su juicio la autora y la editorial que publicó el libro actuaron ilícitamente al incluir su fotografía y su testimonio en esa obra
Un año después de haber sido aprehendida en Cancún y trasladada a Puebla, la periodista Lydia Cacho se halla sujeta todavía al juicio penal que causó su detención y enfrenta otro de naturaleza civil y extraño origen. Edith Encalada, que siendo niña fue una de las víctimas de Jean Succar Kuri, lo denunció y después se desdijo de su acusación, ha demandado en la Ciudad de México a la autora de Los demonios del edén, cuyo subtítulo es el poder que protege a la pornografía infantil, por daño moral, ya que a su juicio la autora y la editorial Random House Mondadori (Grijalbo) actuaron ilícitamente al publicar su fotografía y su testimonio en esa obra. Por ello demanda una indemnización que "no podrá ser inferior... al 40 por ciento del precio de venta al público" de ese libro, más otra suma porque esa publicación afectó sus sentimientos, afectos, decoro, honor, reputación y vida privada.
Fundadora de un centro de protección a mujeres víctimas de violencia en Cancún, donde se ha atendido a alrededor de 700 afectadas por año, desde hace cinco, Lydia Cacho incluyó el caso de Encalada en su investigación sobre pederastia y pornografía infantil al haberlo conocido por diversas publicaciones a partir de 2003, mismas que incluyeron las fotografías que ahora incomodan a la demandante. La periodista publicó su libro en marzo de 2005 y a mediados de año Kamel Nacif la denunció por difamación y calumnia en Puebla, donde radica El rey de la mezclilla. La acusación quedó inactiva durante meses, porque al denunciante no preocupaba su reputación sino eventualmente manejar ese expediente en beneficio de su protegido y amigo Succar Kuri, a la sazón preso en Arizona, mientras se defendía de ser extraditado a México para responder de los hechos narrados en Los demonios del edén.
Precisamente necesidades procesales de Succar Kuri hicieron que la denuncia de Nacif adquiriera velocidad en diciembre pasado. Lydia Cacho fue virtualmente secuestrada el 16 de diciembre de 2005 y llevada a Puebla, donde se le dictó auto de formal prisión por los delitos de que se le acusaba. La rápida difusión de su captura impidió que se le hiciera padecer mucho más que el comienzo de un proceso penal que paulatinamente perdió su fuerza. Primero se eliminó el delito de calumnia y luego el juicio fue trasladado a Quintana Roo en enero de este año. Allí sería ventilado con extrema parsimonia, al punto de que sólo el 29 de septiembre, hace menos de tres meses, se realizó el careo entre las partes, un momento especialmente difícil para la periodista por la brutal arrogancia con que pese a todo se conduce su acusador. El 4 de octubre el juez penal de Cancún que conocía la causa se declaró incompetente para seguir tramitándola, porque el delito presuntamente se produjo en la Ciudad de México, domicilio de la editorial. El traslado del caso al Distrito Federal traería consigo la libertad de Lydia Cacho, porque desde mayo anterior desapareció del código penal capitalino la difamación y no hay, por lo tanto, delito que perseguir. Pero una sospechosamente lenta burocracia judicial ha demorado el envío y recepción del sumario, por lo que el juicio penal sigue su curso, lo que significa que la periodista sigue estando libre bajo caución, es decir formalmente presa.
A mediados de febrero quedó evidenciada la complicidad de Nacif con el gobernador de Puebla, Mario Marín, de que se tenían indicios producidos en diciembre mismo, el mes de la arbitraria detención. Fueron conocidas conversaciones telefónicas entre ambos, grabadas subrepticiamente, donde quedaba clara la trama en que Marín, llamado góber precioso por su interlocutor, aparecía como un solícito y eficaz cumplidor de los deseos del empresario textil. A partir de esa y otras grabaciones, Lydia Cacho presentó denuncia penal ante la Procuraduría General de la República en marzo pasado, contra los conversadores y contra funcionarios y empleados del gobierno poblano inmiscuidos en la violación de los derechos de la periodista, entre ellos la procuradora de Justicia del estado, Blanca Laura Villeda. A pesar (esperemos que no a causa) de que dos fiscalías especializadas, una en delitos contra periodistas y otra en delitos contra mujeres (que en ambas especies cabe el caso), se han ocupado del asunto, nueve meses después no se ha producido ningún resultado, no se ha consignado a ninguno de los implicados.
La contundencia de las revelaciones de febrero hizo que las Cámaras de diputados y senadores solicitaran a la Suprema Corte de Justicia, en abril, la práctica de una pesquisa permitida por la Constitución (artículo 97) pero muy raramente abordada por el tribunal, que en ese caso no actúa con ese carácter sino como órgano investigador de violación a garantías individuales. La Corte comisionó para realizar la indagación, el 18 de abril, a los magistrados Emma Meza Fonseca y Óscar Vázquez Marín, que presentaron sus conclusiones al comenzar septiembre. El documento hubiera dado lugar a la exoneración de Marín de no ser porque insatisfizo a la mayoría de los ministros, que ordenaron la reanudación de la pesquisa sin dejar de lado al gobernador mismo sino al contrario concentrando en él su atención. El resultado de la nueva investigación será turnado al ministro J. Jesús Gudiño Pelayo para emitir un nuevo proyecto de resolución. Eventualmente el ministro podría declinar ese encargo si dentro de 15 días fuera elegido presidente de la Corte, cargo en pos del cual caminan él y cinco compañeros suyos. No obstante la cierta descalificación que significó el rechazo del reporte inicial, uno de sus autores, Vázquez Marín, fue premiado por el pleno de la Corte al elegirlo miembro del Consejo de la Judicatura.
En septiembre, poco antes de la resolución de la Corte, una nueva tanda de conversaciones telefónicas corroboró el talante del acusador de Lydia Cacho, y mostró sus nexos con otros políticos de mediano y alto rango. La difusión de esas charlas fue atribuida por El rey de la mezclilla a su ex esposa, la señora Irma Benavides, lo que a su vez permitió arrojar luz sobre el conflicto entre ambos a causa de su divorcio, y sobre el carácter y fama pública de Nacif. El 15 de noviembre, su protegido y amigo Succar Kuri, extraditado a México en julio anterior, fue trasladado del frágil penal de Cancún al de alta seguridad del Altiplano (como se llama ahora el de La Palma, en Almoloya de Juárez).
El episodio más reciente en esta odisea infernal de Lydia Cacho parece estar vinculado con esa transferencia del presunto pederasta a una cárcel de alta seguridad, la que induciría al protector y al protegido a buscar nuevas formas de hostigamiento a Lydia Cacho, para hacerle pagar los múltiples perjuicios que la difusión de sus tropelías les ha provocado. La demanda civil por daño moral no parece espontánea ni está bien fundada. En 2003 se hicieron muchas publicaciones sobre el caso de Edith Encalada y otras niñas atacadas por Succar Kuri. Esa joven narró su historia en la televisión tiempo antes de confiársela a Lydia Cacho en su condición de periodista, no de presidenta del centro de atención a mujeres, donde ella no realiza funciones específicas de terapeuta ni sicóloga. Antes de que el libro apareciera, Edith había multiplicado el relato de sus peripecias ante muchos entrevistadores. Tampoco es congruente la demanda civil con la actitud de Encalada, que a fines del año pasado agradeció a la autora el haber escrito el libro donde se expone su caso.
En su demanda, que busca tramitar conforme a la legislación del derecho de autor y conforme a la norma sobre daño moral contenida en el código civil (siendo que está en vigor desde mayo la ley de defensa del honor), Encalada afirma que Lydia Cacho "siempre se ostentó ante mí como directora de la... asociación civil Centro Integral de Atención a la Mujer (CIAM) y no como periodista o escritora, y precisamente su actuación ante mí fue la de una representante de un organismo defensor de los derechos humanos, preocupada por mi situación, por lo que la suscrita nunca la consideró como periodista o escritora, ni le di ningún dato que pudiera implicar mi autorización para hacer públicos los hechos relacionados con dichas averiguaciones previas, parte del contenido de las mismas o fotografías o imágenes de la suscrita".
Reforma. Fecha de publicación: 17-Dic-2006
