Excélsior, 29 de enero de 2009
Los periodistas, víctimas de la “justicia”
Humberto Musacchio
Humberto Musacchio
En los últimos años los periodistas están expuestos a agresiones criminales que han dejado por todo el país un reguero de comunicadores muertos. Pero ahora se enfrentan a otra amenaza: la de gente con poder que, con la complicidad de jueces a modo, combate a quienes ejercen y entienden el periodismo como un servicio a la sociedad. Los casos abundan.
Zeferino Torreblanca, gobernador de Guerrero, niega publicidad al diario acapulqueño El Sur, cuyo único delito fue revelar el turbio manejo de dineros públicos a favor de la parentela del Ejecutivo local, misma que, con su poderoso pariente detrás, tiene demandados a varios periodistas de ese órgano informativo.
Por su parte, Gerardo Sosa Castelán, el cacique de la universidad pública hidalguense, procedió por vía judicial contra Alfredo Rivera Flores, autor del libro La Sosa nostra, contra Miguel Ángel Granados Chapa, que escribió el prólogo, y contra el editor, el diseñador y hasta el fotógrafo que hizo el retrato del autor que aparece en la contraportada, lo que además de ser un atentado a la libertad de expresión constituye una ridícula desmesura a la que tuvo la desvergüenza de dar entrada un juez sin escrúpulos ni conocimiento del derecho. El juez que lleva el caso absolvió a Granados Chapa y otros acusados, pero condenó a Rivera Flores, lo que despide un fuerte tufo a cloaca.
Eduardo Huchim, reconocido hombre de prensa con muchos años en el oficio, denunció en la revista Emeequis de esta semana que Consuelo Villalobos Ortiz, magistrada del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, demandó por daño moral a él y a los colegas Rubén Lara León, Luis Soto, Abel Barajas, Víctor Fuentes y hasta a Fray Bartolomé, que aparece como firmante de la columna Templo Mayor del diario Reforma (advertida del ridículo, la magistrada optó por desistirse de la demanda contra este seudónimo colectivo). El pleito de la señora es porque los compañeros mencionados han informado sobre irregularidades en adquisiciones y servicios de tres edificios del citado Tribunal, por lo que ya se han iniciado procedimientos de responsabilidad contra ocho colaboradores de la magistrada, quien —escribió Huchim basado en lo dicho por Lara León— ha “recuperado poder e influencia en ese tribunal” desde la salida de Luis Malpica y de Lamadrid, quien era su presidente.
Hace unos días, Miguel Badillo, director de la revista Contralínea, fue detenido por la Policía Bancaria, que sin estar autorizada legalmente ejecutó una orden de aprehensión expedida por un juez de Jalisco, en tanto que Ana Lilia Pérez Mendoza, reportera de esa publicación, tuvo que ocultarse ante el peligro de ser llevada a la cárcel. ¿Su delito? Un reportaje según el cual Juan Camilo Mouriño firmó contratos con Pemex cuando era diputado federal y aun después, siendo funcionario del Poder Ejecutivo Federal, lo que está debidamente documentado.
La reportera denunció “acoso, amenazas, persecución y represión” por parte de Mouriño, de Felipe Calderón Hinojosa y de César Nava, entre otros funcionarios, como Carlos Ramírez Fuentes, gerente de Comunicación Social de Pemex, quien le espetó: “Les va a costar caro lo que le hicieron a Juan Camilo”. Para que no quedaran dudas sobre el inmenso poder al que se enfrentan los colegas, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra Periodistas de la PGR, contrariando expresamente la finalidad para la que fue creada, sometió a Ana Lilia a un examen sicológico, pues ésta había presentado una queja contra el entonces secretario de Gobernación, por lo que seguramente esa fiscalía la consideró desquiciada, loca, pues cómo se le ocurre…
Pero el trabajo más sucio le tocó efectuarlo al empresario gasero Jesús Zaragoza López, quien en dos entrevistas que están debidamente grabadas aceptó que estuvo en tratos con Felipe Calderón cuando éste fue secretario de Energía y admitió que durante la campaña del mismo político como candidato panista a la Presidencia de la República le aportó dinero, lo que puede ser interpretado como pago de favores o tráfico de influencias.
Como Contralínea publicó tan comprometedoras declaraciones, el señor Zaragoza demandó a la revista, a su director y a su reportera por daño moral, proceso que se desenvolvió con celeridad, tal vez porque alguien aceitó como se acostumbra la maquinaria judicial. Zaragoza abrió otros dos juicios contra los informadores y —cuenta Badillo— amenazó con que cada una de sus decenas de empresas procedería judicialmente contra los mismos periodistas, en el entendido de que él dispone de abogados, relaciones con los poderosos y mucho dinero para hacer la vida imposible a los colegas, quienes, agobiados por la necesidad de ganarse la vida, ni de lejos tienen el tiempo ni los recursos para hacerle frente a un abuso concertado entre particulares, jueces y autoridades federales.
En fin, lo que está en juego es la libertad de expresión tanto como el derecho de los ciudadanos a estar informados. Pero nos vamos a defender de los abusos. Que no quepa la menor duda.
