Periódico Excélsior, 11 de Julio de 2008
Horizonte político
José A. Crespo
Golondrina que no hace verano
La respuesta que finalmente dio Marcelo Ebrard a la crisis política provocada por el atropello del News Divine —producto de la absurda criminalización de los jóvenes— se aproxima a lo esperado en una democracia: hubo rendición de cuentas de altos funcionarios que, de acuerdo con la Comisión capitalina de Derechos Humanos, resultaron éticamente responsables (lo que genera una sanción política, mas no penal). La norma en México es que los gobernantes protegen a sus colaboradores, aun si éstos tienen demostrada responsabilidad en un acto de corrupción, violación a los derechos humanos o algún otro tipo de abuso de poder. En casos escandalosos, cuando más, se llama a cuentas a funcionarios menores, para así salvar la cara, como sucedió en el Estado de México en torno a la brutalidad de Atenco. En otros casos simplemente “les vale wilson” lo que piense la opinión pública. Ahí están, quitados de la pena, los Mario Marín, los Ulises Ruiz, los Vicente Guerrero, sólo por mencionar a los más recientes. Y en otras ocasiones incluso se premia a quienes violan derechos humanos, como sucedió con los agentes federales que participaron también en el violento operativo de Atenco, gratificados por Eduardo Medina-Mora, entonces secretario de Seguridad Pública. Nadie sugirió, ni de lejos, la renuncia de ese funcionario cuando avaló esos abusos premiando a los perpetradores.
Podemos suponer que, en un primer momento, Ebrard se resistió a sacrificar a sus colaboradores, en particular a Joel Ortega, cercano a él política y personalmente, además de haber demostrado eficacia por años. Y el colmo fue la autoinvestigación hecha por la Procuraduría capitalina en la cual, evidentemente, se exime a sí misma. Eso de ser juez y parte es una aberración antidemocrática, todavía habitual en México. Muchos se quejan de que los funcionarios removidos no hubieran presentado ellos mismos su renuncia o que Ebrard de inmediato no los hubiera cesado. Eso puede suceder en Japón, pero es mucho pedir en el país de la impunidad. Desde luego, cuando los gobernantes deciden llamar a cuentas a sus colaboradores, suele deberse menos a sus convicciones democráticas que a la presión de la opinión pública y el consecuente costo político de optar por la impunidad. Pero no restemos reconocimiento a Ebrard: el comportamiento adecuado a la democracia podrá no ser fruto de convicciones o de compromiso personal al menos no es esa la norma aquí—, pero sí de las circunstancias políticas y de la sensibilidad para comprenderlas adecuadamente. Pues hay muchos gobernantes —en México predominan— que aun en tales condiciones simplemente hacen oídos sordos ante la demanda popular de justicia. Lo que con realismo podemos esperar de nuestros gobernantes no es tanto una plena personalidad democrática —si es que eso existe—, sino, al menos, la inteligencia y la sensibilidad para responder a las demandas ciudadanas ante el abuso y la injusticia. Para lo cual ayudan mucho la fuerza de las instituciones y la opinión pública, que precisamente obligan a los gobernantes a rendir cuentas (o llamar a cuentas a sus colaboradores), lo que eleva significativamente el costo de no hacerlo. De ahí que la decisión de Ebrard podría constituir un precedente, al menos en la capital, donde abusos y negligencias generen consecuencias políticas a los responsables. Nada garantiza que así sea, pues también el olvido y los retrocesos resultan parte de nuestra cultura política. De cualquier modo, en otras entidades, y a nivel federal —donde prevalece la impunidad—, tendremos que seguir esperando para ver algo semejante.
Tampoco debemos mostrarnos satisfechos, pues, como el operativo en el Divine reflejó la putrefacción del sistema de seguridad, el cambio prometido debe ser radical y eficaz. Lo que no se ve fácil. ¿Podremos tener un cuerpo policial que en verdad rompa con los ancestrales vicios de corrupción, extorsión ciudadana y violaciones a los derechos humanos? ¿La nueva estructura no caerá rápidamente de nuevo en esas tentaciones? En esto es inevitable mostrar un razonable escepticismo. En todo caso, se trata de un reto y una oportunidad para el jefe del Gobierno capitalino. Debe destacarse igualmente el desempeño y la autonomía de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, algo a lo que tampoco estamos acostumbrados. En otros estados vemos algunas comisiones dignas y otras que están subordinadas por completo al gobierno respectivo. Y a nivel nacional, si bien es cierto que en ocasiones vemos informes y recomendaciones a la altura, en otras hemos testificado malabarismos retóricos, turbiedad y encubrimiento, como claramente fue el caso de Zongolica.
En el desenlace político de esta tragedia mucho contó la atención que los medios le prestaron y la fuerte presión que ejercieron. Enhorabuena. Es parte de la función que los medios pueden y deben cumplir en la exigencia de rendición democrática de cuentas. Alexis de Tocqueville, esmerado estudioso de la democracia estadunidense, decía sobre la prensa: “Es ella la que, con ojo siempre vigilante, pone sin cesar al descubierto los secretos resortes de la política y obliga a los hombres públicos a comparecer ante el tribunal de la opinión”. Me temo, sin embargo, que dicha presión en parte fue motivada por el signo partidista del gobierno involucrado, pues en casos semejantes de otros estados o del gobierno federal no hemos visto esa misma intensidad. Ojalá los medios hagan a un lado sus propios partidarismos y compromisos políticos, promoviendo en cambio la rendición de cuentas como principio universal y no particularizado, poniendo como prioridad a las víctimas de los abusos, cualquiera que sea la bandería del perpetrador. Sería sumamente sano para nuestra vida pública y maltrecha democracia.
viernes, 11 de julio de 2008
sábado, 5 de julio de 2008
lunes, 23 de junio de 2008
¡PARA QUE VIVAMOS MEJOR!
Milenio Diario. Lunes 23 de junio de 2008
Recetas del chef Calderón…
Juan Pablo Becerra Acosta
Damas y caballeros, con ustedes, nuestro gran chef, Phillipe Le Calderón…
“Amigas y amigos. Yo no me quedo cruzado de brazos. En estos tiempos de crisis alimenticia y de alzas en los precios de los alimentos, les voy a congelar los precios de 136 productos. Vean qué solidarios son mis amigos empresarios: hay jugos y néctares; sopas en sobre; chiles y salsas; y claro, atún, sardinas, chilorio, cochinita pibil y frijoles, todo en lata. No le vean el diente al caballo congelado, ¿eh? Ahora, unas recetas para que no pasen a formar parte de los desnutridos…
“A ver, ¿cuántos tienen dinero? Hay 43.3 millones de asalariados. Los que ganan hasta un salario mínimo –50 pesotes diarios– son 5.3 millones. Bueno, a esos les ofrezco una dieta balanceada con una lata de chilorio de $40.05, unos frijoles de $6.55, y un néctar de durazno de 200 mililitros para toda la familia (cuatro hijos y dos papás) de $2.95. Nomás un sorbito, que se empanzan. Total, $49.55. Les sobran 0.45 centavos para el cochinito. Revuelven chilorio y frijoles, y los cucharean. No coman pan y tortilla porque engordan, ya ven que México es el segundo país del mundo en obesidad.
“Los que ganan más de un salario y hasta dos salarios mínimos –100 pesotes– son 8.8 millones. Esos me van a comer un caldo tlalpeño de $17.16, seis latas de atún (una por cabeza para seis miembros de familia) por $49.80, dos latas de frijoles por $16.50, y poco menos de dos kilos de tortilla. Total, $100.00. Preparación: embarran las tortillas de frijoles, las llenas de atún, y se las empujan con el caldito.
“Los que ganan más de dos y hasta tres salarios mínimos son 10.1 millones. Con sus 150 pesos diarios me compran un litro de jugo de piña, de $23.75; sopa de lentejas, $17.16; chiles jalapeños, p’al saborcito, $5.70; seis latas de sardinas, $28.80; dos latas de frijoles, $16.50; dos kilos de tortilla, $20; gelatina en polvo, $28.30; y té de manzanilla, p’a los nervios por la carestía, $10.20. Total, $150.41. Ya nomás tienen que pedir prestado un tostón. Calientan las tortillas, cogen cuatro cada uno: las untan de frijol, las pegan unas tras otras, a las de hasta arriba les ponen tres sardinitas por piocha, le echan jalapeño, y empújenle con el juguito.
“Estos 24.2 millones de asalariados, el 55.9% del total, que ganan un máximo de 150 pesotes, ya pueden vivir mejor. Y además, si su vieja trabaja, ya cenaron o desayunaron.”
Damas y caballeros, nuestro gran chef, ¡Phillipe Le Calderón!
Magazo. Torero. Estadista, chingao...
Recetas del chef Calderón…
Juan Pablo Becerra Acosta
Damas y caballeros, con ustedes, nuestro gran chef, Phillipe Le Calderón…
“Amigas y amigos. Yo no me quedo cruzado de brazos. En estos tiempos de crisis alimenticia y de alzas en los precios de los alimentos, les voy a congelar los precios de 136 productos. Vean qué solidarios son mis amigos empresarios: hay jugos y néctares; sopas en sobre; chiles y salsas; y claro, atún, sardinas, chilorio, cochinita pibil y frijoles, todo en lata. No le vean el diente al caballo congelado, ¿eh? Ahora, unas recetas para que no pasen a formar parte de los desnutridos…
“A ver, ¿cuántos tienen dinero? Hay 43.3 millones de asalariados. Los que ganan hasta un salario mínimo –50 pesotes diarios– son 5.3 millones. Bueno, a esos les ofrezco una dieta balanceada con una lata de chilorio de $40.05, unos frijoles de $6.55, y un néctar de durazno de 200 mililitros para toda la familia (cuatro hijos y dos papás) de $2.95. Nomás un sorbito, que se empanzan. Total, $49.55. Les sobran 0.45 centavos para el cochinito. Revuelven chilorio y frijoles, y los cucharean. No coman pan y tortilla porque engordan, ya ven que México es el segundo país del mundo en obesidad.
“Los que ganan más de un salario y hasta dos salarios mínimos –100 pesotes– son 8.8 millones. Esos me van a comer un caldo tlalpeño de $17.16, seis latas de atún (una por cabeza para seis miembros de familia) por $49.80, dos latas de frijoles por $16.50, y poco menos de dos kilos de tortilla. Total, $100.00. Preparación: embarran las tortillas de frijoles, las llenas de atún, y se las empujan con el caldito.
“Los que ganan más de dos y hasta tres salarios mínimos son 10.1 millones. Con sus 150 pesos diarios me compran un litro de jugo de piña, de $23.75; sopa de lentejas, $17.16; chiles jalapeños, p’al saborcito, $5.70; seis latas de sardinas, $28.80; dos latas de frijoles, $16.50; dos kilos de tortilla, $20; gelatina en polvo, $28.30; y té de manzanilla, p’a los nervios por la carestía, $10.20. Total, $150.41. Ya nomás tienen que pedir prestado un tostón. Calientan las tortillas, cogen cuatro cada uno: las untan de frijol, las pegan unas tras otras, a las de hasta arriba les ponen tres sardinitas por piocha, le echan jalapeño, y empújenle con el juguito.
“Estos 24.2 millones de asalariados, el 55.9% del total, que ganan un máximo de 150 pesotes, ya pueden vivir mejor. Y además, si su vieja trabaja, ya cenaron o desayunaron.”
Damas y caballeros, nuestro gran chef, ¡Phillipe Le Calderón!
Magazo. Torero. Estadista, chingao...
jueves, 29 de mayo de 2008
lunes, 19 de mayo de 2008
¡QUE "PODEROSO" VERDAD!
Milenio Diario, México. Lunes 19 de mayo de 2008.
Qué imbecilidad de fraseo hubo en Los Pinos justamente hace una semana…
Durante una conferencia de prensa, Felipe Calderón golpeó el atril ubicado frente a él y advirtió que su “¡Ya basta!” contra el narco es una exigencia para “todos”. Ese absolutismo —detalló— incluye a los medios de comunicación: con tintes goebbelianos requirió que éstos divulguen las acciones gubernamentales contra la delincuencia en vez de “compartir con los criminales la estrategia de sembrar terror”.
No, Commander in Chief: los medios, al menos este donde trabajo como reportero y columnista, no compartimos la estrategia de terror de los narcos. Nosotros simplemente hacemos nuestro trabajo: informamos sobre los hechos que, cotidianamente, dan forma a ese terrorismo. Punto. De la misma forma, reportamos lo que hace el gobierno federal. Punto. La jerarquía de cada una de esas informaciones depende de su relevancia. Nada más, nada menos. No nos va a marcar Los Pinos la línea editorial para imponernos qué publicar y qué no imprimir. ¿O sí va pretender tal cosa, como en los peores tiempos del priato? Eso de ocultar o minimizar informaciones se llama censura. Tal cual. Y de eso, aquí, nada. Eso, lo de la censura de Estado cuando hay guerra, ocurre en países facistoides, como Estados Unidos. No acá, ¿eh?
Calderón apuntó con uno de sus índices a los reporteros y apremió a los medios para que se unan a su “estrategia nacional contra la delincuencia, porque son sus propios compañeros los que están acallados” a causa de la guerra contra el narco. Efectivamente, Master and Commander: muchos compañeros reporteros, principalmente en el norte del país, no sólo tienen que abstenerse cotidianamente de publicar información sobre el narco ante las amenazas que reciben, sino que han sido acallados… a balazos. Si bien recuerdo, México ya es el país con más periodistas muertos y desaparecidos en este continente, el segundo en el mundo.
Sí, Su Señoría: en esta guerra caen policías y militares honestos, pero también son ejecutados periodistas que cada día intentan conseguir información para poder publicar una nota, una crónica, un reportaje, una foto. No somos héroes. Simplemente hacemos nuestro trabajo.
Por eso, Comandante en Jefe-Presidente-Jefe de Estado, no nos joda con tales estulticias. Por un momento parecía que el lunes pasado el cardenal Norberto Rivera le hubiera redactado su discurso, inspirado en aquella bonita ocasión en la cual el hijo de Dios nos llamó a los periodistas prostitutas… por investigar curas pederastas.
viernes, 16 de mayo de 2008
¡UY QUE MIEDO!
15 de mayo de 2008. Diario Excélsior.
El "Ya basta" de Calderón y los hechos
Humberto Musacchio
Notoriamente irritado, pues incluso golpeó el atril desde el cual hablaba, Felipe Calderón demandó a los ciudadanos que "no sean cómplices de la ilegalidad", responsabilizó a los medios de comunicación de compartir "la estrategia de sembrar el terror", anunció que él no se sumará "al abandono, la cobardía o la complicidad que permitieron que México llegara a esta situación" y calificó de "inaceptable" que los jueces propicien la impunidad al liberar a delincuentes.
Las gravísimas acusaciones implícitas en las palabras del michoacano merecen algunas precisiones. Para empezar, a los ciudadanos "cómplices de la ilegalidad" el Estado debe perseguirlos y castigarlos, pues para eso dispone de policías, agentes del Ministerio Público, jueces y cárceles.
Sin embargo, más allá de que el Estado deba hacer su tarea, cabe aclarar que los ciudadanos no son "cómplices de la ilegalidad", sino víctimas de ella y con frecuencia víctimas también de los abusos, la prepotencia y el autoritarismo de quienes deben combatir la ilegalidad, como lo muestra en forma fehaciente el hecho de que en cada una de las grandes operaciones contra la delincuencia haya particulares que son víctimas de allanamientos, golpes, detenciones arbitrarias y otras vejaciones. Pero si en la cúspide de la pirámide estatal se tilda a los ciudadanos de "cómplices de la ilegalidad", poco podrá exigirse a policías y militares que abusan de la población civil.
"El ya basta —quiso aclarar el habitante de Los Pinos— es también una exigencia a los medios de comunicación , precisamente, para que manifiesten y divulguen las acciones que están, precisamente, deteniendo la estructura de los criminales, para que no se convierta la estrategia de los criminales, que es una estrategia que busca sembrar terror, en una estrategia compartida por los propios medios de comunicación" (Excélsior, 13/V/08).
La "exigencia" parece superflua, pues los medios difunden —esa es su función— las acciones gubernamentales contra la delincuencia, de ahí que resulte incomprensible el exhorto de Calderón a unirse a la campaña contra el crimen, pues, hasta donde se sabe, no hay medios que hagan la apología de la violencia ilegal, sino que en todos los casos se le condena y se exige, eso sí, porque es un derecho, que las acciones del Estado sean eficaces para evitar, entre otras cosas, que más periodistas resulten "desaparecidos", acallados o asesinados.
De mayores consecuencias puede ser aquello de que "no nos vamos a sumar al abandono, a la cobardía o a la complicidad que permitieron que México llegara a esta situación". Se trata de una gravísima acusación en contra de quienes precedieron a Calderón al frente de las instituciones. Por supuesto, ya se ha señalado la abulia con que procedió o dejó de proceder Vicente Fox contra el auge delictivo y lo mismo puede decirse del inepto Ernesto Zedillo y aun de su antecesor.
Dicho de otra manera, Felipe Calderón acusa implícitamente a sus antecesores de haber abandonado la lucha contra el crimen, por cobardes o, peor aún, por ser cómplices de la delincuencia. Ni más ni menos. Sin embargo, priistas y panistas no se han dado por enterados y con su silencio aprueban lo dicho por el ocupante del Ejecutivo.
Por último, la referencia presidencial a los jueces que dejan en libertad a delincuentes tiene consenso. Muchos ciudadanos creen, sospechan o saben, por experiencia propia, que los jueces mexicanos, con las excepciones del caso, distan de ser justos, calificados y honestos.
Recientemente se publicó un dato que debería horrorizarnos, pues cerca de la tercera parte de los presos del país son inocentes, están sin juicio o el que se les sigue tiene ya varios años. Y mientras eso sucede, los verdaderos transgresores de la ley salen con una facilidad que espanta.
Calderón incluso citó el caso de un asesino de policías que estuvo preso tres veces y otras tantas quedó en libertad. Sobra decirlo, pero una campaña del Ejecutivo contra los jueces deshonestos contaría con un enorme apoyo social. Para empezar, convendría hacer las reformas necesarias con el fin de que todo juzgador esté sujeto permanentemente a auditoría y se castigue muy rigurosamente a los jueces enriquecidos en el cargo y aun a sus parientes que no demuestren el origen lícito de sus fortunas.
La podredumbre del aparato de impartición de justicia requiere acciones drásticas que dispongan de amplio consenso político y no sólo medidas cosméticas al estilo de Ernesto Zedillo, cuya única ocurrencia fue dejarnos un mes sin Suprema Corte.
Pero la batalla contra la delincuencia y la corrupción tiene que empezar por la propia casa. Mientras se solape la prevaricación y se proteja a quienes confunden la función pública y el interés privado, los ciudadanos desconfiarán de los llamados a participar en una guerra a la que van sin protección. Se requieren pruebas de que existe la disposición de combatir el enriquecimiento, el contratismo y el tráfico de influencias de altísimos funcionarios de esta administración. Por ahí hay que empezar
El "Ya basta" de Calderón y los hechos
Humberto Musacchio
Notoriamente irritado, pues incluso golpeó el atril desde el cual hablaba, Felipe Calderón demandó a los ciudadanos que "no sean cómplices de la ilegalidad", responsabilizó a los medios de comunicación de compartir "la estrategia de sembrar el terror", anunció que él no se sumará "al abandono, la cobardía o la complicidad que permitieron que México llegara a esta situación" y calificó de "inaceptable" que los jueces propicien la impunidad al liberar a delincuentes.
Las gravísimas acusaciones implícitas en las palabras del michoacano merecen algunas precisiones. Para empezar, a los ciudadanos "cómplices de la ilegalidad" el Estado debe perseguirlos y castigarlos, pues para eso dispone de policías, agentes del Ministerio Público, jueces y cárceles.
Sin embargo, más allá de que el Estado deba hacer su tarea, cabe aclarar que los ciudadanos no son "cómplices de la ilegalidad", sino víctimas de ella y con frecuencia víctimas también de los abusos, la prepotencia y el autoritarismo de quienes deben combatir la ilegalidad, como lo muestra en forma fehaciente el hecho de que en cada una de las grandes operaciones contra la delincuencia haya particulares que son víctimas de allanamientos, golpes, detenciones arbitrarias y otras vejaciones. Pero si en la cúspide de la pirámide estatal se tilda a los ciudadanos de "cómplices de la ilegalidad", poco podrá exigirse a policías y militares que abusan de la población civil.
"El ya basta —quiso aclarar el habitante de Los Pinos— es también una exigencia a los medios de comunicación , precisamente, para que manifiesten y divulguen las acciones que están, precisamente, deteniendo la estructura de los criminales, para que no se convierta la estrategia de los criminales, que es una estrategia que busca sembrar terror, en una estrategia compartida por los propios medios de comunicación" (Excélsior, 13/V/08).
La "exigencia" parece superflua, pues los medios difunden —esa es su función— las acciones gubernamentales contra la delincuencia, de ahí que resulte incomprensible el exhorto de Calderón a unirse a la campaña contra el crimen, pues, hasta donde se sabe, no hay medios que hagan la apología de la violencia ilegal, sino que en todos los casos se le condena y se exige, eso sí, porque es un derecho, que las acciones del Estado sean eficaces para evitar, entre otras cosas, que más periodistas resulten "desaparecidos", acallados o asesinados.
De mayores consecuencias puede ser aquello de que "no nos vamos a sumar al abandono, a la cobardía o a la complicidad que permitieron que México llegara a esta situación". Se trata de una gravísima acusación en contra de quienes precedieron a Calderón al frente de las instituciones. Por supuesto, ya se ha señalado la abulia con que procedió o dejó de proceder Vicente Fox contra el auge delictivo y lo mismo puede decirse del inepto Ernesto Zedillo y aun de su antecesor.
Dicho de otra manera, Felipe Calderón acusa implícitamente a sus antecesores de haber abandonado la lucha contra el crimen, por cobardes o, peor aún, por ser cómplices de la delincuencia. Ni más ni menos. Sin embargo, priistas y panistas no se han dado por enterados y con su silencio aprueban lo dicho por el ocupante del Ejecutivo.
Por último, la referencia presidencial a los jueces que dejan en libertad a delincuentes tiene consenso. Muchos ciudadanos creen, sospechan o saben, por experiencia propia, que los jueces mexicanos, con las excepciones del caso, distan de ser justos, calificados y honestos.
Recientemente se publicó un dato que debería horrorizarnos, pues cerca de la tercera parte de los presos del país son inocentes, están sin juicio o el que se les sigue tiene ya varios años. Y mientras eso sucede, los verdaderos transgresores de la ley salen con una facilidad que espanta.
Calderón incluso citó el caso de un asesino de policías que estuvo preso tres veces y otras tantas quedó en libertad. Sobra decirlo, pero una campaña del Ejecutivo contra los jueces deshonestos contaría con un enorme apoyo social. Para empezar, convendría hacer las reformas necesarias con el fin de que todo juzgador esté sujeto permanentemente a auditoría y se castigue muy rigurosamente a los jueces enriquecidos en el cargo y aun a sus parientes que no demuestren el origen lícito de sus fortunas.
La podredumbre del aparato de impartición de justicia requiere acciones drásticas que dispongan de amplio consenso político y no sólo medidas cosméticas al estilo de Ernesto Zedillo, cuya única ocurrencia fue dejarnos un mes sin Suprema Corte.
Pero la batalla contra la delincuencia y la corrupción tiene que empezar por la propia casa. Mientras se solape la prevaricación y se proteja a quienes confunden la función pública y el interés privado, los ciudadanos desconfiarán de los llamados a participar en una guerra a la que van sin protección. Se requieren pruebas de que existe la disposición de combatir el enriquecimiento, el contratismo y el tráfico de influencias de altísimos funcionarios de esta administración. Por ahí hay que empezar
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